Pascua Lama II
Comparto acá una serie de tres extensos artículos sobre la mina Pascua Lama, desde el punto de vista de la geopolítica y el tráfico de influencias, y también de lo ambiental. Trabajé en ellos hasta abril de 2007, por lo cual planeo actualizar algunos datos. Bienvenidos todo tipo de comentarios!
Rompiendo la cortina de hielo: lo que la mayoría ignora sobre el proyecto Pascua Lama
Precisamente porque ocurren demasiado frecuentemente, los chilenos son sensibles a los escándalos ambientales. En el caso de la puesta en marcha de una gran mina de oro, la amenaza de la destrucción de tres glaciares y la incertidumbre sobre los potenciales riesgos de contaminación han monopolizado la atención pública, relegando a una posición secundaria una serie de asuntos controversiales. Algunos ejemplos: un comité de cuatro personas facultado para conceder varios miles de kilómetros cuadrados de territorios fronterizos a una compañía extranjera; una oficina de aduanas chilena financiada por la misma empresa que se supone debe fiscalizar; y los intereses estratégicos de la familia más rica del país fuertemente vinculados a la aprobación del negocio canadiense.
Han pasado dos décadas desde los inicios de la gestación del proyecto minero Pascua Lama y su explotación por parte de la compañía de oro más grande del mundo, pero la opinión pública chilena sólo ha tenido antecedentes de sus alcances en los últimos cuatro años. Para la mayor parte de la gente, fue la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de la Región de Atacama la que decidió aprobarlo, tras un proceso que incluyó presiones de múltiples sectores traducidos exclusivamente al plano ambiental, que es en el cual esa oficina gubernamental tiene algo que decir. En una extensa resolución despachada a un día del plazo legal para pronunciarse, en febrero de 2006, la COREMA aprobó el estudio de impacto ambiental presentado por Barrick Gold Corporation. El documento incluye una serie de restricciones en relación a lo que la compañía canadiense proponía en su diseño original, con el objeto de salvaguardar lo mejor posible a la población que vive en la zona de influencia de la mina. La modificación más llamativa, y que se había transformado en bandera de lucha de los ambientalistas, es la prohibición de intervenir directamente los tres glaciares que la empresa pretendía dinamitar para acceder más fácil y rápidamente a las reservas de oro más extensas de todo su portafolio, que incluye 16 yacimientos en 4 continentes. Hay otras, como la exigencia a la compañía de elaborar planes de contingencia ante emergencias o imprevistos derivados de sus actividades, y el hacerse cargo del tratamiento de las aguas contaminadas por las faenas hasta que recuperen naturalmente sus características originales. El informe estima que eso ocurrirá 100 años después del cierre de la mina, algo así como en el 2130.
Pero la mayoría de los opositores no se dieron por satisfechos con las restricciones. A principios de abril, la CONAMA (Comisión Nacional del Medio Ambiente, la autoridad ambiental a nivel nacional), acogió más de 40 requerimientos de personas y organizaciones exigiendo una revisión de todo el proceso. Es la última alternativa que da la legislación chilena. Ahora, todo está en manos de una sola persona: Ana Lya Uriarte, la Directora Ejecutiva de CONAMA. Como todos sus antecesores en ese organismo público, su puesto depende de la exclusiva confianza del Jefe de Estado. No se recuerda un caso en el que la dirección ejecutiva de CONAMA haya cambiado el curso de un proyecto, desde los inicios de la institución, en 1994.
Autoridad limitada
Sin el mediático argumento de salvar los glaciares a la mano, la posición de los ambientalistas en su guerra declarada a Pascua Lama se ha visto debilitada. Pero la realidad chilena les provee cada vez más seguido de lamentables nuevos ejemplos con los cuales ilustrar los peligros reales de la falta de regulación y fiscalización sobre ciertas actividades productivas. Sólo en el mes de abril de 2006 hubo dos casos bullados: el derrumbe de un relave de una mina de cobre, que inundó un río pocos kilómetros al sur de Santiago, y la muerte de 300 ovejas por beber aguas contaminadas con pesticidas, también en la zona central del país. Todo esto mientras se daba a conocer un estudio conjunto de la Universidad Católica de Chile y la Universidad de California que habla de uno de los efectos de la minería química en el norte del país: los habitantes de la ciudad de Antofagasta, capital de una región que produce 2 millones de toneladas de cobre al año, estuvieron expuestos a niveles de arsénico tan altos por medio de la ingesta de agua potable entre 1958 y 1971, que su probabilidad de desarrollar cáncer es hasta 12 veces superior a la del resto de los chilenos. Las desmesuradas concentraciones del venenoso elemento se deben en parte a las características geomorfológicas de la zona, y también a los procesos propios de la minería química. Si bien el estudio abunda en un tema que ya estaba debidamente documentado, una comparación espectacular ayudó a su difusión en la prensa: esos chilenos tienen más riesgo de morir de cáncer que los sobrevivientes de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki (1).
Casos escandalosos como éstos, repudiados por un amplio sector de la ciudadanía, han dado a los ambientalistas más notoriedad y poder de negociación. La Ley de Bases del Medio Ambiente, que fue redactada durante el gobierno de Patricio Aylwin y entre otras cosas crea la CONAMA y las COREMAS regionales, ha resultado tan inoperante e insuficiente para proteger los recursos naturales que hay consenso generalizado para modificarla. Por otro lado, el equipo de la presidenta Bachelet está elaborando un proyecto para elevar la CONAMA a rango de ministerio, ampliando sus facultades. La esperanza de los ambientalistas es que en este nuevo escenario, las decisiones finales sobre impacto ambiental serán tomadas ya no por políticos subordinados jerárquicamente a sus superiores en los ministerios, o potencialmente benevolentes con los intereses de sus partidos políticos. Los criterios utilizados serán estrictamente técnicos, por un organismo con más recursos y menos vulnerable a presiones de todo tipo. Como lo explica Rodrigo Pizarro, economista de la Fundación Terram, una de las que se oponen tanto a la estructura de la institucionalidad ambiental chilena como a la aprobación de Pascua Lama:
“Hoy en Chile el aspecto político y el técnico están mezclados. Eso significa en la práctica que quien toma las decisiones (en materia de impacto ambiental) es el gobierno, lo cual es muy complicado tanto para las organizaciones civiles como para las empresas. Es muy difícil que los Seremis (2) , que no sólo son funcionarios públicos sino además nombrados por el presidente, digan que no a sus jefes”.
En lo estrictamente práctico, las instituciones están muy lejos de funcionar, por falta de dotación en los servicios públicos. La propia CONAMA admite que durante el período 1999-2004 sólo fue capaz de fiscalizar menos del 30% de los proyectos que ha aprobado. Una vez más, los recursos del Estado chileno son impotentes para proteger a los ciudadanos de eventuales incumplimientos de la norma ambiental que pueden afectar gravemente el ecosistema y la salud humana. Cambiar esta apremiante realidad es tema de negociaciones que aún distan de tomar forma en algo concreto.
Ampliando la mirada
En esta última etapa, sólo un organismo público, COREMA, ha estado expuesto al escrutinio público, por unas competencias que se restringen a una perspectiva que es sensible para la mayoría de la población, pero no es ni la única ni necesariamente la más relevante. Finalmente, la idea de que todo es responsabilidad de las autoridades ambientales, y restringir el debate exclusivamente a ese aspecto resultó ser una estrategia útil para los defensores del proyecto y del actual funcionamiento de las instituciones chilenas: ahora que no habrá glaciares destruidos, no hay nada a qué oponerse.
Lo cierto es que Pascua Lama es un mega proyecto de obvio interés estratégico, político, social y económico, donde una compañía extranjera lleva años haciendo lobby por medio de políticos de incalculable poder y contactos a nivel mundial para extraer 18,3 millones de onzas de oro y 630 de plata con ganancias estimadas de 270 millones de dólares al año, en el territorio de una comuna donde el 16,6% de la gente es pobre y el 16,6 es analfabeta (3). En este contexto, tanto el marco legal chileno como las atribuciones de sus organismos y la voluntad investigativa de los medios de comunicación se muestran deficientes.
La discusión sobre los costos y beneficios para Chile desde el punto de vista político, económico y estratégico de que una transnacional canadiense se instale en un área de 3.104 km2 (1,2 veces la superficie de Luxemburgo) en medio de la frontera con Argentina, para extraer una riqueza que la Constitución consagra como propiedad del Estado chileno nunca se hizo pública. Es imposible asegurar con certeza si dicha discusión existió efectivamente, quiénes fueron sus protagonistas y en qué contexto se analizaron los hechos. También es perfectamente verosímil asumir que no hubo nada en las sombras. Sólo funcionarios públicos ateniéndose al espíritu de las leyes. Leyes, tratados internacionales y comisiones creadas especialmente y en algunos casos exclusivamente para favorecer proyectos de esta naturaleza.
Los inicios
Si bien lo hace de manera bastante tangencial, las leyes chilenas sí encomiendan a un ente específico indagar sobre las empresas foráneas que quieren instalarse en Chile. Se trata del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), instancia por la cual deben pasar los proyectos con el fin de celebrar un contrato con el Estado Chileno. Su naturaleza está indicada el Decreto Ley 600 (dictado en 1974 por el gobierno de Pinochet y perfeccionado durante el mandato de Patricio Aylwin), que regula benévolamente las condiciones de inversionistas foráneos, permitiendo incluir en el monto de la inversión no sólo dineros frescos, sino también créditos y deudas asociadas. Además, faculta a las empresas para enviar la totalidad de sus utilidades de vuelta al exterior, si así lo desean, y compromete al Estado a no cambiar las reglas contenidas en dicho contrato bajo ninguna circunstancia. El Comité está formado por un consejo de ministros, incluyendo los de Hacienda, Economía y Relaciones Exteriores y el Presidente del Banco Central, que se reúnen para deliberar sobre la conveniencia de celebrar los contratos. Regularmente, además el CIE tiene un Vicepresidente Ejecutivo, entre cuyas funciones está “investigar en Chile o en el extranjero sobre la idoneidad y seriedad de los peticionarios o interesados” (4).
El Comité ha tenido al menos un problema en el cumplimiento de este mandato: actualmente enfrenta una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por negarse, en 1998, a facilitar información sobre el proyecto forestal Trillium, que iba a llevarse a cabo en las cercanías del río Cóndor, cerca del Estrecho de Magallanes. Según la Corte, el Estado chileno violó el derecho de los peticionarios (un grupo de ONGs y parlamentarios) de obtener acceso a información pública.
La primera solicitud de Barrick al Comité de Inversiones Extranjeras, hecha por medio de su filial chilena Compañía Minera Nevada, data del 3 de octubre de 1997. Tal como explica el actual Fiscal del organismo, el abogado Andrés Culagowki (quien negó la posibilidad de grabar una entrevista efectuada en su oficina con fecha 18 de abril de 2006), la empresa ha firmado dos contratos con el Estado chileno, uno en 1998 y otro en 2000, en los cuales éste se compromete a dar cumplimiento a las condiciones fijadas en el DL 600. Para aprobar la celebración de dichos contratos, el Comité se reunió como manda la ley, generando actas que según el abogado son públicas, pero que son susceptibles a estar tachadas por motivos que pudieran comprometer la seguridad nacional. En cuanto al mandato legal de “investigar en Chile o en el extranjero sobre la idoneidad y seriedad de los peticionarios o interesados”, el fiscal explicó que el Comité se limita a investigar aspectos tales como que la empresa en cuestión efectivamente exista, esté domiciliada donde declara y otras formalidades por el estilo. El comité no genera, ni generó para el caso de este proyecto, ningún documento que dé cuenta de investigaciones en torno a cuál es el comportamiento de la empresa en los otros países del mundo en los que opera, ya sea en términos de cumplimiento de compromisos adquiridos con las autoridades respectivas, o de prácticas ambientales, laborales, tributarias o de otro tipo. Los empleados públicos, dice Culagowski, no pueden ser creativos. El comité, por tanto, es sólo el ejecutor del DL 600, y en este caso el único informe que pidió, como manda la ley para cualquier inversión en materia minera, fue al Consejo Chileno del Cobre, Cochilco.
En cuanto a la demanda en curso en la Corte Interamericana, el abogado dice que no están enterados de sus avances, y que ese es un asunto que está manejando la Cancillería chilena.
Familia y propiedad
Luego de celebrar contrato con el Estado por medio del Comité de Inversiones Extranjeras, en 1998 la compañía materializó la compra de un terreno de 50 mil hectáreas, que deslindan con el límite con Argentina, para explotar los yacimientos en lo alto de la cordillera. El predio, conocido como la Estancia Chañarcillo, fue vendido a la minera por la familia Franco, y su extensión se validó por medio de un estudio de títulos encargado por el Ministerio de Bienes Nacionales al abogado Jaime Mulet, hoy diputado de la zona, más tarde Secretario General de la Democracia Cristiana (el mayor partido en la coalición de gobierno), vocero de la candidatura presidencial de Michelle Bachelet e intermediario político de la empresa para algunas de las muchas donaciones sociales en la zona. Mulet es, además, primo hermano de los ex propietarios del predio.
Aunque esta arista del caso parece no representar peligros para el futuro del proyecto, hay quienes aún dudan de la legitimidad de los derechos de propiedad de Barrick en la cordillera. Como la abogada Nancy Yáñez, del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas:
-“Estas tierras fueron usurpadas a los indígenas de la zona en la década de 1920, y la usurpación se consolidó en manos de los titulares, específicamente don Humberto Franco. Un comunero vendió derechos y acciones dentro del campo común y los particulares que lo compraron, sin dimensión territorial, lo convirtieron en una estancia. Por muchos años esta estancia tuvo una superficie de 10 mil hectáreas. Estuvo en sus manos hasta que se la vendió a Barrick. Al igual que en el caso de las tierras mapuches, este es un caso de propiedad particular que se consolida en virtud de la prescripción (ocurrida 30 años después del primer traspaso), pero sobre la base de usurpación de derechos indígenas. En su estudio del año 97, el abogado Jaime Mulet le da total crédito a los derechos de los particulares, argumentando que los derechos estaban prescritos. Hay claramente tráfico de influencias en este caso. La Seremi de Bienes Nacionales fue después jefa de la campaña electoral de Jaime Mulet y a ella la sucedió en el cargo otro pariente Mulet”.
También en 1997, los entonces presidentes de Chile y Argentina, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Carlos Menem firmaban por fin el Tratado de Integración Minera, que declara como fundamento de su contenido el “promover e intensificar la cooperación económica”. Su objetivo declarado es “asegurar el aprovechamiento conjunto de los recursos que se encuentran en las zonas fronterizas de los territorios de ambas partes, propiciando especialmente la constitución de empresas entre nacionales y sociedades de ambos países y la facilitación del tránsito de los equipamientos”. Dos años más tarde comenzaría su discusión en el Congreso Nacional para su entrada en vigencia definitiva, y finalmente se aprueba en agosto de 2000, sin más contratiempos que los encendidos alegatos del senador Jorge Lavandero, apoyado por un puñado de senadores que no logran imponer su visión según la cual el tratado fue redactado por las empresas beneficiarias, atenta contra la soberanía y sólo beneficia a unas pocas, pero muy poderosas empresas transnacionales.
Esas sesiones en el parlamento, ocurridas entre enero y agosto de 2000, fueron lo más parecido en toda la historia de la materialización de este proyecto a una discusión pública sobre los temas de fondo y las consecuencias favorables y perjudiciales de abrir la frontera a capitales extranjeros, en un momento en muchos parlamentarios ya estaban al tanto de que el primer proyecto que podría materializarse haciendo uso del tratado sería Pascua Lama (5). A pesar de su derrota, Jorge Lavandero siguió dando a conocer el tema. Hoy, el ex senador cumple una condena por abuso sexual a menores en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, donde está imposibilitado de recibir periodistas. Sin embargo, aún puede dar su opinión sobre el asunto, a través de:
“Chile no tenía nada que ganar del Tratado Minero. Nuestro gobierno lo aceptó sólo por tráfico de influencias, lobby o corrupción. Yo sé fehacientemente que a ciertos senadores les ofrecieron dinero para apoyar el tratado, pero no me contaron quiénes fueron las personas que lo ofrecieron.”
-En su situación actual, ¿todavía cree que se puede hacer algo para parar el proyecto o para denunciar las irregularidades que menciona?
“No hay mucho que yo pueda hacer desde mi posición actual, pero hay muchas organizaciones civiles en todo el país que luchan contra este proyecto. Nuestra lucha no ha sido en vano. Al mismo tiempo, y luego de todo esto por lo que he tenido que pasar, no me sorprendería que las mismas multinacionales estuvieran desacreditando a otros políticos que están contra Pascua Lama.
Sólo un Senador más, Nelson Ávila, sigue descargando contra la empresa y el proyecto. Ávila también fue públicamente acusado de pedofilia, pero en su caso esas afirmaciones probaron ser falsas.
-“Yo creo que aquí hubo una manipulación al más alto nivel por parte del formidable lobby político con que cuenta Barrick, constituido por ex presidentes, primeros ministros, etc., y se hicieron el propósito de crear las condiciones más apropiadas para cumplir con su objetivo. En estos momentos nosotros somos voces solitarias que están impugnando esta aberración porque el poder económico de esta trasnacional ha permitido silenciar las voces que se oponen a la materialización de este proyecto”.
El tercer país
Con la entrada en vigencia del Tratado, se da curso a la creación de su Comisión Administradora, un cuerpo bilateral conformado por los subsecretarios de Relaciones Exteriores y Minería de ambos países, cuyas misiones están especificadas en el Tratado, su Protocolo Complementario y los protocolos específicos que rigen para cada proyecto minero ubicado en la frontera. La primera es “implementar los mecanismos necesarios para garantizar la ejecución del Tratado”. En otras palabras, facilitar las condiciones para que los negocios se lleven a cabo.
En todo caso, a esas alturas Barrick Gold ya tenía un largo trecho avanzado en sus conversaciones con el gobierno. La subsecretaria de minería, e integrante de la Comisión Administradora, Marisol Aravena, aclara que el protocolo en el cual Chile y Argentina acuerdan las condiciones para este proyecto específico es anterior incluso a que se aprobara el Tratado que permite proyectos en la frontera. “Yo diría que los arreglos vienen desde el gobierno de Patricio Aylwin, porque fue en esa época que se firmaron los primeros Acuerdos de Complementación Económica (que son parte de los fundamentos jurídicos para el Tratado). Yo creo que Barrick ya era dueña de muchas de estas pertenencias y empiezan las negociaciones para que los países se interesen en buscar una manera de que se lleve a cabo estos proyectos”.
Posteriormente, el trabajo de la Comisión consistió en ajustar ese protocolo que ya existía a las condiciones del tratado, y actualmente trabaja en los detalles para la puesta en marcha del proyecto.
Quizás el aspecto más llamativo tiene que ver con la implementación de los pasos fronterizos hacia área de operaciones de la empresa, donde operan cuatro servicios del Estado que son claves para el resguardo de la soberanía, los intereses estratégicos y de seguridad del país: Policía Internacional, el OS7 de Carabineros (6), el Servicio Agrícola y Ganadero y el Servicio Nacional de Aduanas. Estos pasos fronterizos serán para uso exclusivo del personal de las faenas mineras y todas sus instalaciones y equipamientos serán financiados no por el Estado chileno, como ocurre en cualquier otro puesto fronterizo, sino por la propia empresa que los utiliza. Se evita así el odioso argumento de estar obligando a los contribuyentes a costear un puesto fronterizo que sólo se usará en beneficio de una transnacional, pero se cae en el no menos insólito escenario de tener a la empresa financiando a los entes del Estado que están en sus puestos para fiscalizar a sus empleados en relación a la propagación de ciertas enfermedades y plagas, contrabandos, tráfico de armas o de drogas y evitar la entrada al país de delincuentes internacionales.
Pero la Comisión no sólo está encargada de coordinar los detalles operativos. El Tratado también la faculta para establecer los límites de la “zona de operaciones”, es decir demarcar el territorio a ambos lados de la frontera donde la empresa puede operar, que en este caso es de algo más de tres mil km2.
Tanto la subsecretaria como el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Tomás Astorga, están concientes de la peculiar naturaleza y atribuciones de la comisión.
T. A: “Es un cuerpo interinstitucional, ad-hoc para el tratado minero entre Chile y Argentina, que es único. No se conoce otro tratado en el mundo para explotar yacimientos transfronterizos”.
M. A.: “Costó mucho llegar a este tratado y a este acuerdo. Se entregaron facultades bien delimitadas de manera tal de respetar los límites fronterizos pero también dejar establecida la facultad de la Comisión Administradora de saltarse esos límites para fijar un espacio que no va a ser ni chileno ni argentino sino que va a ser un tercer país dentro de estos dos países”.
-¿Y ese tercer país qué soberanía tiene?
M.A. : “Es una soberanía especial que va a estar administrada por cada uno de los países, pero adentro el territorio no será chileno ni argentino”.
T.A.: “o será los dos”.
-¿Qué gana el país con proyectos como Pascua Lama?
M.A: “Todas las empresas mineras están tributando y por otro lado esta empresa contratará 5 mil trabajadores en un inicio. Entonces yo encuentro que los países ganan”.
-¿Qué le responden a quienes afirman que el tratado fue redactado no por Chile y Argentina sino por las transnacionales mineras?
T.A.: “Yo trabajaba en esa época en este Ministerio y no recuerdo que haya venido una empresa a entregar un documento. Sí vi gente, como el fiscal del ministerio, del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros reuniéndose largas tardes, analizando párrafos del tratado. En el estado de derecho que tenemos es muy difícil creer algo así.
Eso es un infundio”.
-¿Cuál es la respuesta a quienes opinan que dada la baja tributación de la minería privada esto se parece a un robo de los recursos naturales a manos extranjeras?
M.A.: “Ese argumento se podría dar con respecto a cualquier proyecto minero. Es absurdo en ese sentido. Las empresas tributan y generan encadenamiento productivo”.
-¿No tiene importancia que esta sea una de las minas de oro más grandes del mundo?
M.A.: “Podría ser la mina de oro más grande del mundo pero si está sin explotar no sirve”.
-¿El estado no tenía la posibilidad de explotarla?
M.A.: “Tenemos una Constitución que garantiza la estabilidad a quien va e inscribe una concesión minera. El estado no se la va a quitar”.
-Pero la constitución también dice que los minerales son del Estado chileno y que su derecho a ellos es absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible.
M.A.: “Si viniera el Estado de Chile y arrebatara esas propiedades argumentando que está amparada por la Constitución, se nos acaba la inversión extranjera. El Estado respeta el derecho de propiedad del extranjero. Por eso existe un Decreto Ley 600 que da seguridad y certeza y que sirvió para una época en que en Chile no había inversiones ni interés por venir y hacer explotaciones mineras que costaban millones y que el país no tenía. Si viene el Estado y le cambia las reglas del juego no sé si vamos a tener credibilidad en el extranjero el día de mañana”.
T.A.: “Sobre el dilema relacionado con la propiedad del mineral hay discusiones jurídicas profundísimas que no están resueltas en absoluto. Lo que se hace es aceptar que el Gobierno dice que las empresas deberían contribuir por la extracción de ese recurso, y la ley de Royalty 2 de alguna manera subsana el problema” (7).
Uno de los muchos que opina diferente en estas materias es el abogado Hernán Montealegre, conocido por la opinión pública chilena por haber defendido causas de alta exposición, incluyendo abusos a los derechos humanos durante el gobierno de Pinochet. En enero, durante un foro informativo sobre Pascua Lama, el jurista declaró sus aprensiones:
-“El Estado de Chile podría perfectamente expropiar la mina a Barrick, pagarles 7 mil millones de dólares y eso es legal y legítimo. El Estado chileno a cargo de la explotación de la mina podría obtener utilidades de hasta 20 mil millones de dólares. En lugar de eso, se está entregando por míseros pesos a las empresas extranjeras que saben que hacen una pequeña inversión, que pagan en el Comité de Inversiones Extranjeras un precio mínimo y después se llevan las utilidades más gigantescas que hay. Entonces uno dice pero cómo es posible que si nosotros somos los dueños de esos recursos naturales se estén llevando las empresas extranjeras toda esta riqueza. Ya hemos demostrado que sí somos capaces, por algo hemos sabido explotar Codelco (8), la nacionalizó el presidente Allende y hoy está dando unas utilidades extraordinarias que el gobierno chileno jamás esperó. ¿Por qué no se hace lo mismo con el resto de las minas? Ese ya es un problema de visión de política económica, yo soy contrario a la entrega de todos estos minerales a empresas extranjeras que se llevan nuestra riqueza. Resulta que Chile que es la fuente más grande del mundo en cobre, ahora parece que también es una de las fuentes más grandes del mundo en oro. Es el momento en que debiera haber una política en relación al oro como la hubo en relación al cobre”.
Tres economistas y un magnate
Julián Alcayaga, economista, coautor de un libro sobre el origen del Tratado con Argentina (9) y asesor del ex Senador Jorge Lavandero, cree que esa política sí existe para los minerales en general y que fue pactada antes de 1990 precisamente para mitigar los temores de los inversionistas extranjeros por el “mal antecedente” de haber expropiado las minas durante el gobierno de Allende.
-“En ese tiempo las empresas mineras extranjeras no invertían en Chile, a pesar de que en el año 82 José Piñera, ministro de Pinochet, hizo el Código de Minería que garantiza a las empresas la devolución de todo lo que vale el mineral de sus concesiones si llegan a ser expropiados (10). Es una garantía de que no habrá expropiación. Sin embargo, sólo lograron atraer una. Tenían miedo de que la oposición al Gobierno militar volviera a cambiar la ley minera. Aquí se formó un lobby a partir del año 84 para adelante, con el gobierno que iba a reemplazar a Pinochet. Sabemos que hubo reuniones entre Guerra Mondragón (11) y gente de la oposición de entonces. En principio, él vino a entregar el apoyo de Estados Unidos a la oposición, Pero a cambio de eso, seguramente dijeron ‘nosotros les vamos a ayudar, incluso hay plata y todas esas cosas, pero a cambio de eso el cobre es para nosotros’. ¡Porque no se puede explicar de otra forma!”
Lo que Alcayaga no se explica es no sólo la mantención de las reglas que permitían el acceso de capitales extranjeros en la minería, sino también lo que él sindica como la rebaja de impuestos que impuso la Concertación en los primeros meses de su mandato.
-“Hasta el año 90, es decir con Pinochet, todas las empresas mineras extranjeras, salvo las sociedades anónimas, estaban obligadas a pagar impuesto a la renta en base a las ventas. Es decir un empresario minero, una empresa minera vendía una tonelada, o diez, o un millón de toneladas, pagaba impuesto porque lo pagaba en base a las ventas que tenía. La tasa de impuesto variaba entre el 4 y el 20 por ciento. La Concertación llega al poder e inmediatamente cambia el sistema y establece que se pagan impuestos en base a las utilidades. Entonces desde ese momento las empresas extranjeras nunca más declararon utilidades, nunca más pagaron un solo peso de impuesto a la renta en Chile, salvo una o dos de ellas. ¿Por qué hizo eso la Concertación el año noventa? Por una cuestión de lobby que se hizo en el más completo secreto. El asunto pasó desapercibido en el Congreso y nadie lo discutió ” (12).
Todos esos argumentos son negados por Alejandro Foxley, Ministro de Hacienda con Aylwin, luego senador y hoy Canciller con Michelle Bachelet (13) .
-¿Las políticas económicas implementadas mientras Ud. fue ministro de Hacienda, estaban conversadas o consensuadas con organismos internacionales o con las grandes potencias?
“No. Todo el enfoque del gobierno de la Concertación fue, como dicen los gringos, domestically produced. Completamente un producto de la reflexión de los chilenos respecto de porqué caímos en la situación de la dictadura y la necesidad de renovar los enfoques políticos, institucionales y económicos”.
¿Por qué se realizaron cambios tributarios para la gran minería, en relación a gravar sólo sus utilidades?
“No hubo ningún cambio que yo recuerde. Lo que se hizo fue cambiar para que comenzaran a tributar sectores de la mediana minería que no tributaban. Las empresas mineras siempre han pagado por las utilidades, más un impuesto específico cuando remiten utilidades al extranjero”.
-¿Existe o existió lobby por parte de las grandes compañías mineras para entrar al mercado chileno?
“No, lo que hubo fue un cambio de legislación durante el gobierno de Pinochet para liberalizar la entrada de inversiones extranjeras en el ámbito minero. Nosotros no modificamos esa ley. En el caso de Pascua Lama, el proceso comienza en el Comité de Inversiones Extranjeras, donde se define el status tributario. No sé qué lobby podría haber porque son procedimientos a través de papeles y no hay tratamientos especiales para ninguna empresa. Está prohibido por ley”.
Rodrigo Pizarro, en cambio, dice que los efectos del lobby de las empresas mineras están a la vista.
“Ha habido todo un trasvasije de personeros de los gobiernos de la Concertación al mundo de la minería privada. Sin ir más lejos, Eduardo Loyola, gerente general del Consejo Minero fue un subsecretario de la Concertación (14). No cabe duda de que hay presiones, que las mineras apoyan ciertas candidaturas. Por ejemplo, cuando Lagos fue candidato a la presidencia, visitó una sola empresa y esa fue la mina Pelambres, del grupo Luksic, que siempre ha apoyado a la Concertación”.
Los trasvasijes no sólo operan desde el Ministerio de Minería, sino además desde la propia CONAMA, donde han trabajado la totalidad de los abogados ambientalistas que hoy asesoran y defienden a las empresas ante ese organismo. Como Javier Vergara, que pasó de Director de la CONAMA metropolitana (entre 1994 y 1996) a al bufete privado asesor de Barrick. O como Gabriel del Fávero, que es al mismo tiempo miembro del Consejo Consultivo de CONAMA y asesor del grupo minero más importante del país: los Luksic (15).
Favores concedidos
Y los Luksic no son en absoluto una familia cualquiera. Conforman el grupo económico más importante de Chile, controlando el mayor banco del país (el Banco de Chile), compañías de telecomunicaciones, alimentos, bebidas y, por supuesto minas, el origen de la única fortuna chilena que figura en el ránking de revista Forbes (16). La familia se vio fuertemente limitada durante el gobierno de Pinochet, quien los marginó expresamente del proceso de privatizaciones por medio del cual otros grupos privados adquirieron las empresas públicas, debido a que Andrónico Luksic, el patriarca del grupo, se mostró colaborador con el gobierno de Allende. Pero su riqueza se ha multiplicado varias veces durante los gobiernos de la Concertación. La base de ese crecimiento han sido las minas, y en especial Pelambres, la que visitó el candidato Lagos, que comenzó a funcionar gracias a las nuevas reglas económicas implementadas a partir de 1990.
Las estrechas relaciones de la familia Luksic con la Concertación influyeron incluso en que Chile se convirtiera en uno de los primeros países del mundo en reconocer la independencia de Croacia, tierra de sus antepasados, en enero de 1992. Otra prueba del nivel de cercanía lo da la larga lista de homenajes que se rindieron en agosto de 2005 a la muerte del Andrónico Luksic, el iniciador de la fortuna. Su despedida se asemejó a un funeral de Estado. No sólo concurrieron políticos de todos los sectores, sino también varios ministros y los entonces dos ex Presidentes de la República de la Concertación: Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Patricio Aylwin. Este último, declaró que Luksic había sido un hombre “con sentido patriótico, que cooperó desde su posición a la consolidación de la democracia”(17) . En el Congreso Nacional se le rindió el homenaje póstumo reservado exclusivamente para las figuras más relevantes del país, con discursos de representantes de todos los partidos (18).
Sus herederos han sabido capitalizar esas buenas relaciones para penetrar ventajosamente en el exterior. Por ejemplo, con una sucursal del Banco de Chile en China, que recibió la autorización de ese gobierno en sólo tres meses en lugar de dos años, como se estila, gracias a gestiones personales del entonces presidente Ricardo Lagos. Al respecto, Andrónico Luksic hijo ha reconocido que “el gobierno nos dio una mano tremenda. En algún momento, el ex presidente Lagos le mencionó a alguna autoridad china que había un banco chileno con interés y eso fue recepcionado por las autoridades”(19). Y continúa explicando lo que sabe muy bien: “este gobierno ha dejado puentes construidos para los empresarios. No hay que olvidarse que -y esto no lo hace a uno más o menos socialista- el mundo hoy se maneja así: los gobiernos ayudan a sus empresarios; no es que los subvencionen, pero les abren puertas. Los americanos apoyan a sus empresas en todos lados” (20).
Con o sin ayuda de la Concertación, el poder de los Luksic traspasó las fronteras chilenas durante esos años, y ganó en contactos. El fallecido patriarca fue invitado a integrar el directorio de Barrick Gold en Canadá durante la primera mitad de los 90. Allí se encontró con personajes como el ex primer ministro canadiense Brian Mulroney. El mismo que más tarde, en 1994, fue recibido en el Palacio de la Moneda por el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, para acelerar la aprobación del Tratado Minero con Argentina, requisito indispensable para la explotación de Pascua Lama por parte de la empresa.
Y aunque el grupo Luksic ya no forma parte del directorio de Barrick, siguen haciendo negocios juntos. El mismo día que la COREMA ratificó la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de Pascua Lama, las buenas noticias tuvieron su consecuencia más obvia en beneficio de la acaudalada familia chilena. Marcelo Awad, vicepresidente de Antofagasta Minerals, la filial minera del grupo, llamó a la prensa para anunciar que Barrick, la mayor transnacional aurífera global que por fin obtenía las credenciales ambientales para explotar su yacimiento de oro más importante, ubicado en la frontera entre Chile y Argentina, se había comprometido a poner la mitad del capital, sea cual fuere el monto, para que la familia Luksic se hiciera de Tethyan Copper Company, que opera grandes yacimientos de cobre en Pakistán. Tras un par de semanas de negociaciones, Antofagasta logró su cometido por US200 millones, aunque, teniendo de aval a la compañía canadiense, el precio no les preocupaba demasiado.
“Barrick nos apoya con cualquier valor en que resulte finalmente la apuesta, es como que nos den un cheque en blanco” (21) , decía Awad. Comenzaba para el grupo chileno una nueva era hacia sus propias operaciones comerciales a nivel globalizado.
1. El estudio fue publicado en julio de 2006 en la revista norteamericana Environmental Health Perspectives.
2. Secretarios Regionales Ministeriales. Son los equivalentes regionales a los ministros, e integran las respectivas Comisiones Regionales de Medio Ambiente (COREMA).
3. Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional (cifras de 2004). www.subdere.cl
4. Al igual que sucede con los ministros de Estado, el Vicepresidente Ejecutivo también depende de la exclusiva confianza Presidente de la República. Karen Poniachik ocupó ese cargo entre marzo de 2000 y sólo lo abandonó para jurar como Ministra de Minería de Bachelet, en marzo de 2006.
5. Todas las actas de la discusión sobre el Tratado están disponibles en el sitio del Senado chileno: www.senado.cl, bajo el número de boletín 2408-10.
6. Es la rama de la policía especializada en reprimir el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes.
7. Impuesto específico a la minería, que entra en vigencia en 2006.
8. Codelco, la Corporación del Cobre, es la empresa estatal que más recursos aporta al Estado chileno.
9. J Alcayaga, D Luna y C Padilla, El Exilio del Cóndor: Hegemonía Transnacional en la Frontera. OLCA: Santiago 2004. Texto completo disponible en http://www.olca.cl/oca/octext.htm#1.
10. Dicha garantía está expresada en el artículo 11 No 3 de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, de 1982, donde el concesionario de una explotación “tiene derecho exclusivo a ser indemnizado, en caso de expropiación de la concesión, por el daño patrimonial que efectivamente se le haya causado, que consiste en el valor comercial de las facultades de iniciar y continuar la extracción y apropiación de las sustancias que son objeto de la concesión”.
11. Gabriel Guerra Mondragón, lobbista estadounidense fue más tarde embajador de Estados Unidos en Chile entre 1994 y 1998.
12. En junio de 2004, una comisión especial del Senado, presidida por Jorge Lavandero. informó sobre las deficiencias en la tributación de las empresas mineras extranjeras. El problema se abordó con un impuesto específico, el Royalty 2, que entra en vigencia este año. El informe está disponible en www.senado.cl.
13. Alejandro Foxley fue además uno de los fundadores de Cieplan, Corporación de Estudios Para Latinoamérica, a fines de los 70. Ha trabajado para el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
14. El Consejo Minero agrupa a las grandes empresas mineras que operan en Chile, incluyendo Anglo American, BHP Billiton y Barrick Gold. Según su página web, su objetivo es “propender a una relación de cooperación con las autoridades y distintos actores del sector en temas relevantes para sus socios”. El abogado laboralista Eduardo Loyola es su Gerente General desde el año 2000. Antes fue Subsecretario del Trabajo y Vicepresidente de Recursos Humanos de Codelco.
15. Para ahondar en el tránsito de los abogados desde institucionalidad ambiental a las asesorías a privados, ver: J Ríos, ‘Código Verde’, Qué Pasa, 15 de abril 2006.
16. La fortuna de la familia Luksic asciende a US4.200 según esa publicación.
17. Declaraciones a Radio Cooperativa, el 17 de agosto de 2005. www.cooperativa.cl.
18. Otros depositarios de este tipo de homenaje han sido el Senador Jaime Guzmán, asesinado en 1990, y Alberto Hurtado, un sacerdote jesuita que trabajó contra la pobreza y fue canonizado por el Vaticano en 2005.
19. P. Comandari, ‘La nueva aventura de Andrónico Luksic’ Qué Pasa, 25 de marzo 2006.
20. Ibid.
21. V Ibarra, ‘Grupo Luksic dice que Barrick le da respaldo a su expansión internacional’. La Tercera, 16 de febrero 2006.
Rompiendo la cortina de hielo: lo que la mayoría ignora sobre el proyecto Pascua Lama
Precisamente porque ocurren demasiado frecuentemente, los chilenos son sensibles a los escándalos ambientales. En el caso de la puesta en marcha de una gran mina de oro, la amenaza de la destrucción de tres glaciares y la incertidumbre sobre los potenciales riesgos de contaminación han monopolizado la atención pública, relegando a una posición secundaria una serie de asuntos controversiales. Algunos ejemplos: un comité de cuatro personas facultado para conceder varios miles de kilómetros cuadrados de territorios fronterizos a una compañía extranjera; una oficina de aduanas chilena financiada por la misma empresa que se supone debe fiscalizar; y los intereses estratégicos de la familia más rica del país fuertemente vinculados a la aprobación del negocio canadiense.
Han pasado dos décadas desde los inicios de la gestación del proyecto minero Pascua Lama y su explotación por parte de la compañía de oro más grande del mundo, pero la opinión pública chilena sólo ha tenido antecedentes de sus alcances en los últimos cuatro años. Para la mayor parte de la gente, fue la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de la Región de Atacama la que decidió aprobarlo, tras un proceso que incluyó presiones de múltiples sectores traducidos exclusivamente al plano ambiental, que es en el cual esa oficina gubernamental tiene algo que decir. En una extensa resolución despachada a un día del plazo legal para pronunciarse, en febrero de 2006, la COREMA aprobó el estudio de impacto ambiental presentado por Barrick Gold Corporation. El documento incluye una serie de restricciones en relación a lo que la compañía canadiense proponía en su diseño original, con el objeto de salvaguardar lo mejor posible a la población que vive en la zona de influencia de la mina. La modificación más llamativa, y que se había transformado en bandera de lucha de los ambientalistas, es la prohibición de intervenir directamente los tres glaciares que la empresa pretendía dinamitar para acceder más fácil y rápidamente a las reservas de oro más extensas de todo su portafolio, que incluye 16 yacimientos en 4 continentes. Hay otras, como la exigencia a la compañía de elaborar planes de contingencia ante emergencias o imprevistos derivados de sus actividades, y el hacerse cargo del tratamiento de las aguas contaminadas por las faenas hasta que recuperen naturalmente sus características originales. El informe estima que eso ocurrirá 100 años después del cierre de la mina, algo así como en el 2130.
Pero la mayoría de los opositores no se dieron por satisfechos con las restricciones. A principios de abril, la CONAMA (Comisión Nacional del Medio Ambiente, la autoridad ambiental a nivel nacional), acogió más de 40 requerimientos de personas y organizaciones exigiendo una revisión de todo el proceso. Es la última alternativa que da la legislación chilena. Ahora, todo está en manos de una sola persona: Ana Lya Uriarte, la Directora Ejecutiva de CONAMA. Como todos sus antecesores en ese organismo público, su puesto depende de la exclusiva confianza del Jefe de Estado. No se recuerda un caso en el que la dirección ejecutiva de CONAMA haya cambiado el curso de un proyecto, desde los inicios de la institución, en 1994.
Autoridad limitada
Sin el mediático argumento de salvar los glaciares a la mano, la posición de los ambientalistas en su guerra declarada a Pascua Lama se ha visto debilitada. Pero la realidad chilena les provee cada vez más seguido de lamentables nuevos ejemplos con los cuales ilustrar los peligros reales de la falta de regulación y fiscalización sobre ciertas actividades productivas. Sólo en el mes de abril de 2006 hubo dos casos bullados: el derrumbe de un relave de una mina de cobre, que inundó un río pocos kilómetros al sur de Santiago, y la muerte de 300 ovejas por beber aguas contaminadas con pesticidas, también en la zona central del país. Todo esto mientras se daba a conocer un estudio conjunto de la Universidad Católica de Chile y la Universidad de California que habla de uno de los efectos de la minería química en el norte del país: los habitantes de la ciudad de Antofagasta, capital de una región que produce 2 millones de toneladas de cobre al año, estuvieron expuestos a niveles de arsénico tan altos por medio de la ingesta de agua potable entre 1958 y 1971, que su probabilidad de desarrollar cáncer es hasta 12 veces superior a la del resto de los chilenos. Las desmesuradas concentraciones del venenoso elemento se deben en parte a las características geomorfológicas de la zona, y también a los procesos propios de la minería química. Si bien el estudio abunda en un tema que ya estaba debidamente documentado, una comparación espectacular ayudó a su difusión en la prensa: esos chilenos tienen más riesgo de morir de cáncer que los sobrevivientes de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki (1).
Casos escandalosos como éstos, repudiados por un amplio sector de la ciudadanía, han dado a los ambientalistas más notoriedad y poder de negociación. La Ley de Bases del Medio Ambiente, que fue redactada durante el gobierno de Patricio Aylwin y entre otras cosas crea la CONAMA y las COREMAS regionales, ha resultado tan inoperante e insuficiente para proteger los recursos naturales que hay consenso generalizado para modificarla. Por otro lado, el equipo de la presidenta Bachelet está elaborando un proyecto para elevar la CONAMA a rango de ministerio, ampliando sus facultades. La esperanza de los ambientalistas es que en este nuevo escenario, las decisiones finales sobre impacto ambiental serán tomadas ya no por políticos subordinados jerárquicamente a sus superiores en los ministerios, o potencialmente benevolentes con los intereses de sus partidos políticos. Los criterios utilizados serán estrictamente técnicos, por un organismo con más recursos y menos vulnerable a presiones de todo tipo. Como lo explica Rodrigo Pizarro, economista de la Fundación Terram, una de las que se oponen tanto a la estructura de la institucionalidad ambiental chilena como a la aprobación de Pascua Lama:
“Hoy en Chile el aspecto político y el técnico están mezclados. Eso significa en la práctica que quien toma las decisiones (en materia de impacto ambiental) es el gobierno, lo cual es muy complicado tanto para las organizaciones civiles como para las empresas. Es muy difícil que los Seremis (2) , que no sólo son funcionarios públicos sino además nombrados por el presidente, digan que no a sus jefes”.
En lo estrictamente práctico, las instituciones están muy lejos de funcionar, por falta de dotación en los servicios públicos. La propia CONAMA admite que durante el período 1999-2004 sólo fue capaz de fiscalizar menos del 30% de los proyectos que ha aprobado. Una vez más, los recursos del Estado chileno son impotentes para proteger a los ciudadanos de eventuales incumplimientos de la norma ambiental que pueden afectar gravemente el ecosistema y la salud humana. Cambiar esta apremiante realidad es tema de negociaciones que aún distan de tomar forma en algo concreto.
Ampliando la mirada
En esta última etapa, sólo un organismo público, COREMA, ha estado expuesto al escrutinio público, por unas competencias que se restringen a una perspectiva que es sensible para la mayoría de la población, pero no es ni la única ni necesariamente la más relevante. Finalmente, la idea de que todo es responsabilidad de las autoridades ambientales, y restringir el debate exclusivamente a ese aspecto resultó ser una estrategia útil para los defensores del proyecto y del actual funcionamiento de las instituciones chilenas: ahora que no habrá glaciares destruidos, no hay nada a qué oponerse.
Lo cierto es que Pascua Lama es un mega proyecto de obvio interés estratégico, político, social y económico, donde una compañía extranjera lleva años haciendo lobby por medio de políticos de incalculable poder y contactos a nivel mundial para extraer 18,3 millones de onzas de oro y 630 de plata con ganancias estimadas de 270 millones de dólares al año, en el territorio de una comuna donde el 16,6% de la gente es pobre y el 16,6 es analfabeta (3). En este contexto, tanto el marco legal chileno como las atribuciones de sus organismos y la voluntad investigativa de los medios de comunicación se muestran deficientes.
La discusión sobre los costos y beneficios para Chile desde el punto de vista político, económico y estratégico de que una transnacional canadiense se instale en un área de 3.104 km2 (1,2 veces la superficie de Luxemburgo) en medio de la frontera con Argentina, para extraer una riqueza que la Constitución consagra como propiedad del Estado chileno nunca se hizo pública. Es imposible asegurar con certeza si dicha discusión existió efectivamente, quiénes fueron sus protagonistas y en qué contexto se analizaron los hechos. También es perfectamente verosímil asumir que no hubo nada en las sombras. Sólo funcionarios públicos ateniéndose al espíritu de las leyes. Leyes, tratados internacionales y comisiones creadas especialmente y en algunos casos exclusivamente para favorecer proyectos de esta naturaleza.
Los inicios
Si bien lo hace de manera bastante tangencial, las leyes chilenas sí encomiendan a un ente específico indagar sobre las empresas foráneas que quieren instalarse en Chile. Se trata del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), instancia por la cual deben pasar los proyectos con el fin de celebrar un contrato con el Estado Chileno. Su naturaleza está indicada el Decreto Ley 600 (dictado en 1974 por el gobierno de Pinochet y perfeccionado durante el mandato de Patricio Aylwin), que regula benévolamente las condiciones de inversionistas foráneos, permitiendo incluir en el monto de la inversión no sólo dineros frescos, sino también créditos y deudas asociadas. Además, faculta a las empresas para enviar la totalidad de sus utilidades de vuelta al exterior, si así lo desean, y compromete al Estado a no cambiar las reglas contenidas en dicho contrato bajo ninguna circunstancia. El Comité está formado por un consejo de ministros, incluyendo los de Hacienda, Economía y Relaciones Exteriores y el Presidente del Banco Central, que se reúnen para deliberar sobre la conveniencia de celebrar los contratos. Regularmente, además el CIE tiene un Vicepresidente Ejecutivo, entre cuyas funciones está “investigar en Chile o en el extranjero sobre la idoneidad y seriedad de los peticionarios o interesados” (4).
El Comité ha tenido al menos un problema en el cumplimiento de este mandato: actualmente enfrenta una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por negarse, en 1998, a facilitar información sobre el proyecto forestal Trillium, que iba a llevarse a cabo en las cercanías del río Cóndor, cerca del Estrecho de Magallanes. Según la Corte, el Estado chileno violó el derecho de los peticionarios (un grupo de ONGs y parlamentarios) de obtener acceso a información pública.
La primera solicitud de Barrick al Comité de Inversiones Extranjeras, hecha por medio de su filial chilena Compañía Minera Nevada, data del 3 de octubre de 1997. Tal como explica el actual Fiscal del organismo, el abogado Andrés Culagowki (quien negó la posibilidad de grabar una entrevista efectuada en su oficina con fecha 18 de abril de 2006), la empresa ha firmado dos contratos con el Estado chileno, uno en 1998 y otro en 2000, en los cuales éste se compromete a dar cumplimiento a las condiciones fijadas en el DL 600. Para aprobar la celebración de dichos contratos, el Comité se reunió como manda la ley, generando actas que según el abogado son públicas, pero que son susceptibles a estar tachadas por motivos que pudieran comprometer la seguridad nacional. En cuanto al mandato legal de “investigar en Chile o en el extranjero sobre la idoneidad y seriedad de los peticionarios o interesados”, el fiscal explicó que el Comité se limita a investigar aspectos tales como que la empresa en cuestión efectivamente exista, esté domiciliada donde declara y otras formalidades por el estilo. El comité no genera, ni generó para el caso de este proyecto, ningún documento que dé cuenta de investigaciones en torno a cuál es el comportamiento de la empresa en los otros países del mundo en los que opera, ya sea en términos de cumplimiento de compromisos adquiridos con las autoridades respectivas, o de prácticas ambientales, laborales, tributarias o de otro tipo. Los empleados públicos, dice Culagowski, no pueden ser creativos. El comité, por tanto, es sólo el ejecutor del DL 600, y en este caso el único informe que pidió, como manda la ley para cualquier inversión en materia minera, fue al Consejo Chileno del Cobre, Cochilco.
En cuanto a la demanda en curso en la Corte Interamericana, el abogado dice que no están enterados de sus avances, y que ese es un asunto que está manejando la Cancillería chilena.
Familia y propiedad
Luego de celebrar contrato con el Estado por medio del Comité de Inversiones Extranjeras, en 1998 la compañía materializó la compra de un terreno de 50 mil hectáreas, que deslindan con el límite con Argentina, para explotar los yacimientos en lo alto de la cordillera. El predio, conocido como la Estancia Chañarcillo, fue vendido a la minera por la familia Franco, y su extensión se validó por medio de un estudio de títulos encargado por el Ministerio de Bienes Nacionales al abogado Jaime Mulet, hoy diputado de la zona, más tarde Secretario General de la Democracia Cristiana (el mayor partido en la coalición de gobierno), vocero de la candidatura presidencial de Michelle Bachelet e intermediario político de la empresa para algunas de las muchas donaciones sociales en la zona. Mulet es, además, primo hermano de los ex propietarios del predio.
Aunque esta arista del caso parece no representar peligros para el futuro del proyecto, hay quienes aún dudan de la legitimidad de los derechos de propiedad de Barrick en la cordillera. Como la abogada Nancy Yáñez, del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas:
-“Estas tierras fueron usurpadas a los indígenas de la zona en la década de 1920, y la usurpación se consolidó en manos de los titulares, específicamente don Humberto Franco. Un comunero vendió derechos y acciones dentro del campo común y los particulares que lo compraron, sin dimensión territorial, lo convirtieron en una estancia. Por muchos años esta estancia tuvo una superficie de 10 mil hectáreas. Estuvo en sus manos hasta que se la vendió a Barrick. Al igual que en el caso de las tierras mapuches, este es un caso de propiedad particular que se consolida en virtud de la prescripción (ocurrida 30 años después del primer traspaso), pero sobre la base de usurpación de derechos indígenas. En su estudio del año 97, el abogado Jaime Mulet le da total crédito a los derechos de los particulares, argumentando que los derechos estaban prescritos. Hay claramente tráfico de influencias en este caso. La Seremi de Bienes Nacionales fue después jefa de la campaña electoral de Jaime Mulet y a ella la sucedió en el cargo otro pariente Mulet”.
También en 1997, los entonces presidentes de Chile y Argentina, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Carlos Menem firmaban por fin el Tratado de Integración Minera, que declara como fundamento de su contenido el “promover e intensificar la cooperación económica”. Su objetivo declarado es “asegurar el aprovechamiento conjunto de los recursos que se encuentran en las zonas fronterizas de los territorios de ambas partes, propiciando especialmente la constitución de empresas entre nacionales y sociedades de ambos países y la facilitación del tránsito de los equipamientos”. Dos años más tarde comenzaría su discusión en el Congreso Nacional para su entrada en vigencia definitiva, y finalmente se aprueba en agosto de 2000, sin más contratiempos que los encendidos alegatos del senador Jorge Lavandero, apoyado por un puñado de senadores que no logran imponer su visión según la cual el tratado fue redactado por las empresas beneficiarias, atenta contra la soberanía y sólo beneficia a unas pocas, pero muy poderosas empresas transnacionales.
Esas sesiones en el parlamento, ocurridas entre enero y agosto de 2000, fueron lo más parecido en toda la historia de la materialización de este proyecto a una discusión pública sobre los temas de fondo y las consecuencias favorables y perjudiciales de abrir la frontera a capitales extranjeros, en un momento en muchos parlamentarios ya estaban al tanto de que el primer proyecto que podría materializarse haciendo uso del tratado sería Pascua Lama (5). A pesar de su derrota, Jorge Lavandero siguió dando a conocer el tema. Hoy, el ex senador cumple una condena por abuso sexual a menores en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, donde está imposibilitado de recibir periodistas. Sin embargo, aún puede dar su opinión sobre el asunto, a través de:
“Chile no tenía nada que ganar del Tratado Minero. Nuestro gobierno lo aceptó sólo por tráfico de influencias, lobby o corrupción. Yo sé fehacientemente que a ciertos senadores les ofrecieron dinero para apoyar el tratado, pero no me contaron quiénes fueron las personas que lo ofrecieron.”
-En su situación actual, ¿todavía cree que se puede hacer algo para parar el proyecto o para denunciar las irregularidades que menciona?
“No hay mucho que yo pueda hacer desde mi posición actual, pero hay muchas organizaciones civiles en todo el país que luchan contra este proyecto. Nuestra lucha no ha sido en vano. Al mismo tiempo, y luego de todo esto por lo que he tenido que pasar, no me sorprendería que las mismas multinacionales estuvieran desacreditando a otros políticos que están contra Pascua Lama.
Sólo un Senador más, Nelson Ávila, sigue descargando contra la empresa y el proyecto. Ávila también fue públicamente acusado de pedofilia, pero en su caso esas afirmaciones probaron ser falsas.
-“Yo creo que aquí hubo una manipulación al más alto nivel por parte del formidable lobby político con que cuenta Barrick, constituido por ex presidentes, primeros ministros, etc., y se hicieron el propósito de crear las condiciones más apropiadas para cumplir con su objetivo. En estos momentos nosotros somos voces solitarias que están impugnando esta aberración porque el poder económico de esta trasnacional ha permitido silenciar las voces que se oponen a la materialización de este proyecto”.
El tercer país
Con la entrada en vigencia del Tratado, se da curso a la creación de su Comisión Administradora, un cuerpo bilateral conformado por los subsecretarios de Relaciones Exteriores y Minería de ambos países, cuyas misiones están especificadas en el Tratado, su Protocolo Complementario y los protocolos específicos que rigen para cada proyecto minero ubicado en la frontera. La primera es “implementar los mecanismos necesarios para garantizar la ejecución del Tratado”. En otras palabras, facilitar las condiciones para que los negocios se lleven a cabo.
En todo caso, a esas alturas Barrick Gold ya tenía un largo trecho avanzado en sus conversaciones con el gobierno. La subsecretaria de minería, e integrante de la Comisión Administradora, Marisol Aravena, aclara que el protocolo en el cual Chile y Argentina acuerdan las condiciones para este proyecto específico es anterior incluso a que se aprobara el Tratado que permite proyectos en la frontera. “Yo diría que los arreglos vienen desde el gobierno de Patricio Aylwin, porque fue en esa época que se firmaron los primeros Acuerdos de Complementación Económica (que son parte de los fundamentos jurídicos para el Tratado). Yo creo que Barrick ya era dueña de muchas de estas pertenencias y empiezan las negociaciones para que los países se interesen en buscar una manera de que se lleve a cabo estos proyectos”.
Posteriormente, el trabajo de la Comisión consistió en ajustar ese protocolo que ya existía a las condiciones del tratado, y actualmente trabaja en los detalles para la puesta en marcha del proyecto.
Quizás el aspecto más llamativo tiene que ver con la implementación de los pasos fronterizos hacia área de operaciones de la empresa, donde operan cuatro servicios del Estado que son claves para el resguardo de la soberanía, los intereses estratégicos y de seguridad del país: Policía Internacional, el OS7 de Carabineros (6), el Servicio Agrícola y Ganadero y el Servicio Nacional de Aduanas. Estos pasos fronterizos serán para uso exclusivo del personal de las faenas mineras y todas sus instalaciones y equipamientos serán financiados no por el Estado chileno, como ocurre en cualquier otro puesto fronterizo, sino por la propia empresa que los utiliza. Se evita así el odioso argumento de estar obligando a los contribuyentes a costear un puesto fronterizo que sólo se usará en beneficio de una transnacional, pero se cae en el no menos insólito escenario de tener a la empresa financiando a los entes del Estado que están en sus puestos para fiscalizar a sus empleados en relación a la propagación de ciertas enfermedades y plagas, contrabandos, tráfico de armas o de drogas y evitar la entrada al país de delincuentes internacionales.
Pero la Comisión no sólo está encargada de coordinar los detalles operativos. El Tratado también la faculta para establecer los límites de la “zona de operaciones”, es decir demarcar el territorio a ambos lados de la frontera donde la empresa puede operar, que en este caso es de algo más de tres mil km2.
Tanto la subsecretaria como el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Tomás Astorga, están concientes de la peculiar naturaleza y atribuciones de la comisión.
T. A: “Es un cuerpo interinstitucional, ad-hoc para el tratado minero entre Chile y Argentina, que es único. No se conoce otro tratado en el mundo para explotar yacimientos transfronterizos”.
M. A.: “Costó mucho llegar a este tratado y a este acuerdo. Se entregaron facultades bien delimitadas de manera tal de respetar los límites fronterizos pero también dejar establecida la facultad de la Comisión Administradora de saltarse esos límites para fijar un espacio que no va a ser ni chileno ni argentino sino que va a ser un tercer país dentro de estos dos países”.
-¿Y ese tercer país qué soberanía tiene?
M.A. : “Es una soberanía especial que va a estar administrada por cada uno de los países, pero adentro el territorio no será chileno ni argentino”.
T.A.: “o será los dos”.
-¿Qué gana el país con proyectos como Pascua Lama?
M.A: “Todas las empresas mineras están tributando y por otro lado esta empresa contratará 5 mil trabajadores en un inicio. Entonces yo encuentro que los países ganan”.
-¿Qué le responden a quienes afirman que el tratado fue redactado no por Chile y Argentina sino por las transnacionales mineras?
T.A.: “Yo trabajaba en esa época en este Ministerio y no recuerdo que haya venido una empresa a entregar un documento. Sí vi gente, como el fiscal del ministerio, del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros reuniéndose largas tardes, analizando párrafos del tratado. En el estado de derecho que tenemos es muy difícil creer algo así.
Eso es un infundio”.
-¿Cuál es la respuesta a quienes opinan que dada la baja tributación de la minería privada esto se parece a un robo de los recursos naturales a manos extranjeras?
M.A.: “Ese argumento se podría dar con respecto a cualquier proyecto minero. Es absurdo en ese sentido. Las empresas tributan y generan encadenamiento productivo”.
-¿No tiene importancia que esta sea una de las minas de oro más grandes del mundo?
M.A.: “Podría ser la mina de oro más grande del mundo pero si está sin explotar no sirve”.
-¿El estado no tenía la posibilidad de explotarla?
M.A.: “Tenemos una Constitución que garantiza la estabilidad a quien va e inscribe una concesión minera. El estado no se la va a quitar”.
-Pero la constitución también dice que los minerales son del Estado chileno y que su derecho a ellos es absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible.
M.A.: “Si viniera el Estado de Chile y arrebatara esas propiedades argumentando que está amparada por la Constitución, se nos acaba la inversión extranjera. El Estado respeta el derecho de propiedad del extranjero. Por eso existe un Decreto Ley 600 que da seguridad y certeza y que sirvió para una época en que en Chile no había inversiones ni interés por venir y hacer explotaciones mineras que costaban millones y que el país no tenía. Si viene el Estado y le cambia las reglas del juego no sé si vamos a tener credibilidad en el extranjero el día de mañana”.
T.A.: “Sobre el dilema relacionado con la propiedad del mineral hay discusiones jurídicas profundísimas que no están resueltas en absoluto. Lo que se hace es aceptar que el Gobierno dice que las empresas deberían contribuir por la extracción de ese recurso, y la ley de Royalty 2 de alguna manera subsana el problema” (7).
Uno de los muchos que opina diferente en estas materias es el abogado Hernán Montealegre, conocido por la opinión pública chilena por haber defendido causas de alta exposición, incluyendo abusos a los derechos humanos durante el gobierno de Pinochet. En enero, durante un foro informativo sobre Pascua Lama, el jurista declaró sus aprensiones:
-“El Estado de Chile podría perfectamente expropiar la mina a Barrick, pagarles 7 mil millones de dólares y eso es legal y legítimo. El Estado chileno a cargo de la explotación de la mina podría obtener utilidades de hasta 20 mil millones de dólares. En lugar de eso, se está entregando por míseros pesos a las empresas extranjeras que saben que hacen una pequeña inversión, que pagan en el Comité de Inversiones Extranjeras un precio mínimo y después se llevan las utilidades más gigantescas que hay. Entonces uno dice pero cómo es posible que si nosotros somos los dueños de esos recursos naturales se estén llevando las empresas extranjeras toda esta riqueza. Ya hemos demostrado que sí somos capaces, por algo hemos sabido explotar Codelco (8), la nacionalizó el presidente Allende y hoy está dando unas utilidades extraordinarias que el gobierno chileno jamás esperó. ¿Por qué no se hace lo mismo con el resto de las minas? Ese ya es un problema de visión de política económica, yo soy contrario a la entrega de todos estos minerales a empresas extranjeras que se llevan nuestra riqueza. Resulta que Chile que es la fuente más grande del mundo en cobre, ahora parece que también es una de las fuentes más grandes del mundo en oro. Es el momento en que debiera haber una política en relación al oro como la hubo en relación al cobre”.
Tres economistas y un magnate
Julián Alcayaga, economista, coautor de un libro sobre el origen del Tratado con Argentina (9) y asesor del ex Senador Jorge Lavandero, cree que esa política sí existe para los minerales en general y que fue pactada antes de 1990 precisamente para mitigar los temores de los inversionistas extranjeros por el “mal antecedente” de haber expropiado las minas durante el gobierno de Allende.
-“En ese tiempo las empresas mineras extranjeras no invertían en Chile, a pesar de que en el año 82 José Piñera, ministro de Pinochet, hizo el Código de Minería que garantiza a las empresas la devolución de todo lo que vale el mineral de sus concesiones si llegan a ser expropiados (10). Es una garantía de que no habrá expropiación. Sin embargo, sólo lograron atraer una. Tenían miedo de que la oposición al Gobierno militar volviera a cambiar la ley minera. Aquí se formó un lobby a partir del año 84 para adelante, con el gobierno que iba a reemplazar a Pinochet. Sabemos que hubo reuniones entre Guerra Mondragón (11) y gente de la oposición de entonces. En principio, él vino a entregar el apoyo de Estados Unidos a la oposición, Pero a cambio de eso, seguramente dijeron ‘nosotros les vamos a ayudar, incluso hay plata y todas esas cosas, pero a cambio de eso el cobre es para nosotros’. ¡Porque no se puede explicar de otra forma!”
Lo que Alcayaga no se explica es no sólo la mantención de las reglas que permitían el acceso de capitales extranjeros en la minería, sino también lo que él sindica como la rebaja de impuestos que impuso la Concertación en los primeros meses de su mandato.
-“Hasta el año 90, es decir con Pinochet, todas las empresas mineras extranjeras, salvo las sociedades anónimas, estaban obligadas a pagar impuesto a la renta en base a las ventas. Es decir un empresario minero, una empresa minera vendía una tonelada, o diez, o un millón de toneladas, pagaba impuesto porque lo pagaba en base a las ventas que tenía. La tasa de impuesto variaba entre el 4 y el 20 por ciento. La Concertación llega al poder e inmediatamente cambia el sistema y establece que se pagan impuestos en base a las utilidades. Entonces desde ese momento las empresas extranjeras nunca más declararon utilidades, nunca más pagaron un solo peso de impuesto a la renta en Chile, salvo una o dos de ellas. ¿Por qué hizo eso la Concertación el año noventa? Por una cuestión de lobby que se hizo en el más completo secreto. El asunto pasó desapercibido en el Congreso y nadie lo discutió ” (12).
Todos esos argumentos son negados por Alejandro Foxley, Ministro de Hacienda con Aylwin, luego senador y hoy Canciller con Michelle Bachelet (13) .
-¿Las políticas económicas implementadas mientras Ud. fue ministro de Hacienda, estaban conversadas o consensuadas con organismos internacionales o con las grandes potencias?
“No. Todo el enfoque del gobierno de la Concertación fue, como dicen los gringos, domestically produced. Completamente un producto de la reflexión de los chilenos respecto de porqué caímos en la situación de la dictadura y la necesidad de renovar los enfoques políticos, institucionales y económicos”.
¿Por qué se realizaron cambios tributarios para la gran minería, en relación a gravar sólo sus utilidades?
“No hubo ningún cambio que yo recuerde. Lo que se hizo fue cambiar para que comenzaran a tributar sectores de la mediana minería que no tributaban. Las empresas mineras siempre han pagado por las utilidades, más un impuesto específico cuando remiten utilidades al extranjero”.
-¿Existe o existió lobby por parte de las grandes compañías mineras para entrar al mercado chileno?
“No, lo que hubo fue un cambio de legislación durante el gobierno de Pinochet para liberalizar la entrada de inversiones extranjeras en el ámbito minero. Nosotros no modificamos esa ley. En el caso de Pascua Lama, el proceso comienza en el Comité de Inversiones Extranjeras, donde se define el status tributario. No sé qué lobby podría haber porque son procedimientos a través de papeles y no hay tratamientos especiales para ninguna empresa. Está prohibido por ley”.
Rodrigo Pizarro, en cambio, dice que los efectos del lobby de las empresas mineras están a la vista.
“Ha habido todo un trasvasije de personeros de los gobiernos de la Concertación al mundo de la minería privada. Sin ir más lejos, Eduardo Loyola, gerente general del Consejo Minero fue un subsecretario de la Concertación (14). No cabe duda de que hay presiones, que las mineras apoyan ciertas candidaturas. Por ejemplo, cuando Lagos fue candidato a la presidencia, visitó una sola empresa y esa fue la mina Pelambres, del grupo Luksic, que siempre ha apoyado a la Concertación”.
Los trasvasijes no sólo operan desde el Ministerio de Minería, sino además desde la propia CONAMA, donde han trabajado la totalidad de los abogados ambientalistas que hoy asesoran y defienden a las empresas ante ese organismo. Como Javier Vergara, que pasó de Director de la CONAMA metropolitana (entre 1994 y 1996) a al bufete privado asesor de Barrick. O como Gabriel del Fávero, que es al mismo tiempo miembro del Consejo Consultivo de CONAMA y asesor del grupo minero más importante del país: los Luksic (15).
Favores concedidos
Y los Luksic no son en absoluto una familia cualquiera. Conforman el grupo económico más importante de Chile, controlando el mayor banco del país (el Banco de Chile), compañías de telecomunicaciones, alimentos, bebidas y, por supuesto minas, el origen de la única fortuna chilena que figura en el ránking de revista Forbes (16). La familia se vio fuertemente limitada durante el gobierno de Pinochet, quien los marginó expresamente del proceso de privatizaciones por medio del cual otros grupos privados adquirieron las empresas públicas, debido a que Andrónico Luksic, el patriarca del grupo, se mostró colaborador con el gobierno de Allende. Pero su riqueza se ha multiplicado varias veces durante los gobiernos de la Concertación. La base de ese crecimiento han sido las minas, y en especial Pelambres, la que visitó el candidato Lagos, que comenzó a funcionar gracias a las nuevas reglas económicas implementadas a partir de 1990.
Las estrechas relaciones de la familia Luksic con la Concertación influyeron incluso en que Chile se convirtiera en uno de los primeros países del mundo en reconocer la independencia de Croacia, tierra de sus antepasados, en enero de 1992. Otra prueba del nivel de cercanía lo da la larga lista de homenajes que se rindieron en agosto de 2005 a la muerte del Andrónico Luksic, el iniciador de la fortuna. Su despedida se asemejó a un funeral de Estado. No sólo concurrieron políticos de todos los sectores, sino también varios ministros y los entonces dos ex Presidentes de la República de la Concertación: Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Patricio Aylwin. Este último, declaró que Luksic había sido un hombre “con sentido patriótico, que cooperó desde su posición a la consolidación de la democracia”(17) . En el Congreso Nacional se le rindió el homenaje póstumo reservado exclusivamente para las figuras más relevantes del país, con discursos de representantes de todos los partidos (18).
Sus herederos han sabido capitalizar esas buenas relaciones para penetrar ventajosamente en el exterior. Por ejemplo, con una sucursal del Banco de Chile en China, que recibió la autorización de ese gobierno en sólo tres meses en lugar de dos años, como se estila, gracias a gestiones personales del entonces presidente Ricardo Lagos. Al respecto, Andrónico Luksic hijo ha reconocido que “el gobierno nos dio una mano tremenda. En algún momento, el ex presidente Lagos le mencionó a alguna autoridad china que había un banco chileno con interés y eso fue recepcionado por las autoridades”(19). Y continúa explicando lo que sabe muy bien: “este gobierno ha dejado puentes construidos para los empresarios. No hay que olvidarse que -y esto no lo hace a uno más o menos socialista- el mundo hoy se maneja así: los gobiernos ayudan a sus empresarios; no es que los subvencionen, pero les abren puertas. Los americanos apoyan a sus empresas en todos lados” (20).
Con o sin ayuda de la Concertación, el poder de los Luksic traspasó las fronteras chilenas durante esos años, y ganó en contactos. El fallecido patriarca fue invitado a integrar el directorio de Barrick Gold en Canadá durante la primera mitad de los 90. Allí se encontró con personajes como el ex primer ministro canadiense Brian Mulroney. El mismo que más tarde, en 1994, fue recibido en el Palacio de la Moneda por el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, para acelerar la aprobación del Tratado Minero con Argentina, requisito indispensable para la explotación de Pascua Lama por parte de la empresa.
Y aunque el grupo Luksic ya no forma parte del directorio de Barrick, siguen haciendo negocios juntos. El mismo día que la COREMA ratificó la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de Pascua Lama, las buenas noticias tuvieron su consecuencia más obvia en beneficio de la acaudalada familia chilena. Marcelo Awad, vicepresidente de Antofagasta Minerals, la filial minera del grupo, llamó a la prensa para anunciar que Barrick, la mayor transnacional aurífera global que por fin obtenía las credenciales ambientales para explotar su yacimiento de oro más importante, ubicado en la frontera entre Chile y Argentina, se había comprometido a poner la mitad del capital, sea cual fuere el monto, para que la familia Luksic se hiciera de Tethyan Copper Company, que opera grandes yacimientos de cobre en Pakistán. Tras un par de semanas de negociaciones, Antofagasta logró su cometido por US200 millones, aunque, teniendo de aval a la compañía canadiense, el precio no les preocupaba demasiado.
“Barrick nos apoya con cualquier valor en que resulte finalmente la apuesta, es como que nos den un cheque en blanco” (21) , decía Awad. Comenzaba para el grupo chileno una nueva era hacia sus propias operaciones comerciales a nivel globalizado.
1. El estudio fue publicado en julio de 2006 en la revista norteamericana Environmental Health Perspectives.
2. Secretarios Regionales Ministeriales. Son los equivalentes regionales a los ministros, e integran las respectivas Comisiones Regionales de Medio Ambiente (COREMA).
3. Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional (cifras de 2004). www.subdere.cl
4. Al igual que sucede con los ministros de Estado, el Vicepresidente Ejecutivo también depende de la exclusiva confianza Presidente de la República. Karen Poniachik ocupó ese cargo entre marzo de 2000 y sólo lo abandonó para jurar como Ministra de Minería de Bachelet, en marzo de 2006.
5. Todas las actas de la discusión sobre el Tratado están disponibles en el sitio del Senado chileno: www.senado.cl, bajo el número de boletín 2408-10.
6. Es la rama de la policía especializada en reprimir el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes.
7. Impuesto específico a la minería, que entra en vigencia en 2006.
8. Codelco, la Corporación del Cobre, es la empresa estatal que más recursos aporta al Estado chileno.
9. J Alcayaga, D Luna y C Padilla, El Exilio del Cóndor: Hegemonía Transnacional en la Frontera. OLCA: Santiago 2004. Texto completo disponible en http://www.olca.cl/oca/octext.htm#1.
10. Dicha garantía está expresada en el artículo 11 No 3 de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, de 1982, donde el concesionario de una explotación “tiene derecho exclusivo a ser indemnizado, en caso de expropiación de la concesión, por el daño patrimonial que efectivamente se le haya causado, que consiste en el valor comercial de las facultades de iniciar y continuar la extracción y apropiación de las sustancias que son objeto de la concesión”.
11. Gabriel Guerra Mondragón, lobbista estadounidense fue más tarde embajador de Estados Unidos en Chile entre 1994 y 1998.
12. En junio de 2004, una comisión especial del Senado, presidida por Jorge Lavandero. informó sobre las deficiencias en la tributación de las empresas mineras extranjeras. El problema se abordó con un impuesto específico, el Royalty 2, que entra en vigencia este año. El informe está disponible en www.senado.cl.
13. Alejandro Foxley fue además uno de los fundadores de Cieplan, Corporación de Estudios Para Latinoamérica, a fines de los 70. Ha trabajado para el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
14. El Consejo Minero agrupa a las grandes empresas mineras que operan en Chile, incluyendo Anglo American, BHP Billiton y Barrick Gold. Según su página web, su objetivo es “propender a una relación de cooperación con las autoridades y distintos actores del sector en temas relevantes para sus socios”. El abogado laboralista Eduardo Loyola es su Gerente General desde el año 2000. Antes fue Subsecretario del Trabajo y Vicepresidente de Recursos Humanos de Codelco.
15. Para ahondar en el tránsito de los abogados desde institucionalidad ambiental a las asesorías a privados, ver: J Ríos, ‘Código Verde’, Qué Pasa, 15 de abril 2006.
16. La fortuna de la familia Luksic asciende a US4.200 según esa publicación.
17. Declaraciones a Radio Cooperativa, el 17 de agosto de 2005. www.cooperativa.cl.
18. Otros depositarios de este tipo de homenaje han sido el Senador Jaime Guzmán, asesinado en 1990, y Alberto Hurtado, un sacerdote jesuita que trabajó contra la pobreza y fue canonizado por el Vaticano en 2005.
19. P. Comandari, ‘La nueva aventura de Andrónico Luksic’ Qué Pasa, 25 de marzo 2006.
20. Ibid.
21. V Ibarra, ‘Grupo Luksic dice que Barrick le da respaldo a su expansión internacional’. La Tercera, 16 de febrero 2006.
publicadas por Ana María Hurtado a la/s
8:12 p. m.
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