lunes, febrero 11, 2008

Pascua Lama, una investigación periodística


Comparto acá una serie de tres extensos artículos sobre la mina Pascua Lama, desde el punto de vista de la geopolítica y el tráfico de influencias, y también de lo ambiental. Trabajé en ellos hasta abril de 2007, por lo cual planeo actualizar algunos datos. La foto es del fresco pintado en la iglesia de Alto del Carmen, la comuna donde se ubica la mina. Bienvenidos todo tipo de comentarios!

Decisiones subterráneas: ¿Por qué el oro de Los Andes es norteamericano?

Pascua Lama es uno de los yacimientos de oro más grandes que quedan sin explotar en todo el planeta. Su ubicación, debajo de tres glaciares milenarios, no será un obstáculo para que la minera canadiense Barrick Gold se lleve toda la riqueza, ni tampoco lo será el hecho de que la frontera entre Chile y Argentina corre en medio del tesoro más preciado de la compañía. Tras dos décadas de importantes cambios políticos a nivel global, contactos a cargo de los mejores lobbistas del mundo y la aprobación final por parte del gobierno chileno, la compañía llevará adelante un proyecto que provocará un impacto enorme en las comunidades locales que han vivido por siglos en los territorios aledaños al proyecto.

La Panamericana es una carretera de contrastes extremos. El kilómetro cero avanza desde la capital chilena hacia el norte, pasando por la zona agrícola más fértil del país que gana fama internacional con sus vinos y frutas a una de las zonas más secas del mundo en sólo 600 kilómetros. Es justo allí, donde termina el país agrícola, donde también la carretera se estrecha y empobrece, y el paisaje se torna tan tedioso que cientos de choferes mueren cada año al volante no de sus destinos, sino del sueño. La Panamericana es, a partir de La Serena, un camino estrecho y peligroso. Es la bienvenida a la porción minera del país: en el norte se encuentra un 40% de las reservas mundiales de cobre –el sueldo de Chile según el dicho popular- y concentra la actividad que aporta con un 16% del PIB chileno (1). Sólo en los últimos años, sus habitantes se han enterado que también allí está una de las reservas no explotadas de oro más importantes del planeta.

El tesoro resultó estar arriba en la cordillera de Los Andes, depositado entre la frontera de Chile y Argentina, y debajo de un complejo de glaciares que alimentan los ríos que riegan el valle del Huasco, la última porción de la zona que se mantiene en torno a la agricultura. De acá salen los “primores” chilenos: las primeras frutas se cosechan ya en primavera para surtir la oferta nacional y también la exportación. Por eso, parronales y olivos trepan como enredaderas por las laderas desnudas de las montañas. Las autoridades dicen que así será por muchos años más: los cultivos seguirán asegurando prosperidad y trabajo para los huasquinos.
El problema es que muchos en el valle, y en todo el país, ya no creen lo que dicen las autoridades. Más bien están convencidos de que ya no hay vuelta atrás, desde que Barrick Gold Corporation, la transnacional aurífera más grande del mundo, obtuvo los permisos ambientales para instalar faenas mineras en lo alto de la cordillera, donde nacen los ríos que riegan los campos.

Ocurrió a principios de 2006, en pleno mes de febrero que es cuando todos los chilenos se van de vacaciones, y tres semanas antes de que Michelle Bachelet, la sucesora de Ricardo Lagos, asumiera la presidencia de la república con bombos y platillos. En esa publicitada “fiesta de la democracia”, como les gusta llamar a los cambios de mando a los políticos de la coalición que lleva 16 años en el poder, hubo muy pocos puntos negros. Quizás un par de tomas en las puertas del Congreso Nacional para la televisión extranjera: un puñado de manifestantes pintados con betún para zapatos con pancartas rezando “No a Pascua Lama”. Aguafiestas minoritarios, al fin y al cabo.
Creen que todavía hay algo por hacer para evitar que la poderosa corporación canadiense, dueña de yacimientos en cuatro continentes, inicie las operaciones de su mina estrella, la que más reservas probadas tiene en su portafolio planetario (2). Quisieran frenar la extracción de 18,3 millones de onzas de oro y 630 de plata en 20 años, que implican ganancias 270 millones de dólares al año (3) con un régimen de impuestos que les parece irrisorio. Dicen que la minería química y la agricultura son incompatibles, que la población del Valle del Huasco terminará como la del resto de la región: pobre y enferma por culpa de la contaminación producida por las grandes compañías mineras que pueblan esa zona del norte de Chile. No entienden cuál es la ganancia para los chilenos con esta inversión extranjera de 1,5 billones de dólares. No comparten el modelo de desarrollo. Están muy lejos del poder que festejan los dueños de la fiesta, los héroes de una época que comenzó a fines de los años 80, cuando el colapso de la Unión Soviética se veía venir y los triunfadores de la guerra fría ya no necesitaban dictadores anticomunistas en Latinoamérica. Aquellos que vislumbraban correctamente que el nacionalismo asociado a cualquier gobierno militar no era funcional para consolidar el triunfo del libre mercado y expandir la incipiente globalización económica.
En el nuevo escenario, una democracia llevada por los líderes correctos era lo indicado, y ellos, mejor que nadie, terminarían de abrir el país a las grandes inversiones transnacionales.

Pero en los poblados cordilleranos nadie conoce esas reglas. No hay quién las explique. Allí no hay abogados, economistas o políticos poderosos. Ni siquiera hay periodistas. Tampoco están expuestos a los efectos más obvios de la globalización y de los tratados de libre comercio; no conocen ni la comida rápida ni pueden notar cómo los autos, artículos electrónicos y perfumes importados son cada vez más baratos para los chilenos más acomodados. Por eso, la mayoría de los lugareños toman posición frente a la parte del fenómeno que les toca enfrentar por lo que parece convenirles personalmente a corto plazo: ¿Hay vacantes de trabajo en la construcción del camino, ese por el cual pasarán los camiones cargados con explosivos para las faenas? ¿Ofrecen capacitación gratis en nuevas técnicas agropecuarias? ¿Regalaron la ambulancia hace tanto tiempo anhelada, y juguetes importados a los niños en Navidad? ¿Cómo va a ser malo?
Pero los animales a veces no quieren tomar el agua del río, porque parece que está sucia. Y dicen que en cuanto el mundo sepa que aguas arriba del río Huasco opera una gran mina de oro, nadie en el extranjero querrá los frutos de este valle, por miedo a lo que contengan las aguas de riego. Y con la mina llegarán los mismos vicios que a las ciudades vecinas: demasiada población masculina, desorden y prostitución.
Al final del día, algunos cuantos abandonan esas cavilaciones para retornar al más simple y básico sentido común: ¿pero cómo es posible que se vayan a llevar todo este oro que es nuestro?

Democracia vía satélite

Son los años 80 y ya algunos jugadores del nuevo escenario globalizado, los más importantes y poderosos, le seguían la pista a algo grande. Muchas de las grandes reservas mundiales están agotadas. No queda más remedio que ir por más donde predice la geología: las grandes cadenas montañosas de Asia y Sudamérica. Ya no habrá vetas doradas, como en Sudáfrica y San Francisco. Más bien hay que procesar con cianuro y otros elementos tóxicos veintidós toneladas de material para extraer sólo una onza de oro, pero la tecnología avanza rápido y el tiempo corre a favor.
Mientras algunos pirquineros de ascendencia diaguita subían a lomo de mula a sus ancestrales tierras andinas para sacar algo de oro y plata, tal como lo hicieran sus antepasados desde tiempos precolombinos, satélites espaciales tomaban fotos en busca de grandes yacimientos. Los mismos satélites eran los encargados de llevar a todo el mundo las imágenes que hablaban del fin de una época. Unos implacables Ronald Reagan y Margaret Tatcher. Un idealizado Mijail Gorvachov. Un épico Lech Walesa. Unos humillados Erick Hoenecker y Nicolae Ceaucescu. En Chile, el dictador Augusto Pinochet alcanzó a comprender que debía fotografiarse sonriente y vestido de civil para tener alguna posibilidad de mantenerse en el poder tras las elecciones convocadas en 1988, 15 años después del golpe de estado. Pero nunca entendió que el mundo se movía en nuevas direcciones, y que él era un estorbo en el incipiente esquema. Carecía del olfato, el ingenio y don acomodaticio propio de los “señores políticos” que tanto despreció.
Esos “señores”, ahora agrupados en una coalición de partidos de centro y centro izquierda que bautizarían cono Concertación de Partidos por la Democracia, se aprontaban para al fin celebrar una vez más, después de tanto sufrimiento oponiéndose a la dictadura militar. Tenían contactos con políticos poderosos de las grandes potencias: Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, España. Tenían su apoyo para sacar a Pinochet y llegar al palacio de gobierno. ¿Entregaron algo a cambio del apoyo político y económico para recuperar el poder? ¿Tenía un pequeño país como Chile bienes de suficiente importancia estratégica o económica como para negociar un lugar aventajado en el nuevo escenario geopolítico hacia el cual avanzaba el planeta?
Armando Uribe, Premio Nacional de Literatura y profesor de derecho minero le escribió una carta abierta al que fuera el primer presidente del Chile post-Pinochet. En ella le pregunta directamente a Patricio Aylwin porqué su gobierno no cumplió la promesa de modificar la Ley Orgánica de Concesiones Mineras, que relega el derecho del Estado a la propiedad de los yacimientos y facilitó la entrada de grandes transnacionales mineras para explotar los minerales chilenos.
“En reunión en casa suya, antes que asumiera el mando para el cual fue elegido en 1989, su presente corresponsal… le tocó el punto de ese absurdo en que una ley orgánica contradecía la Constitución expresa y clara de Pinochet: ‘El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas’. Le preguntó qué haría Usted. Se puso un dedo vertical sobre la boca. Chiiit. Nunca se supo… ¿A quién le importaría? La mayor parte de la población no entiende de esas cosas de expertos” (4).
Uribe nunca obtuvo respuesta, y aunque todos los personeros de la Concertación niegan terminantemente la existencia de un diseño dictado por las grandes potencias, el poeta-abogado sigue:
“El proyecto de la transición, tal cual como se ha producido, fue preparado por el gobierno de Estados Unidos, según declaró una sola vez a dos personas muy en reserva el señor embajador Guerra Mondragón de Estados Unidos (5). Él mismo había venido a Chile por el National Endowment for Democracy trayendo este programa en 1985 y volvió a venir el año 86, cuando iba a ser un año decisivo (6). Ahí fue aceptado por los partidos de la Concertación este programa, y ha sido exactamente el plan que se ha ido ejecutando para ‘la transición pacífica de la dictadura a la democracia’. Paso por paso, se fue cumpliendo. Esto es monstruoso y se mantienen, sin embargo, guiñándose los ojos en el auditorio, los que mandan en Chile, con los que mandan desde la oposición y con el empresariado más grande y que manda más que los poderes del Estado” (7).

En elecciones celebradas en diciembre de 1989, los nuevos aires que soplaban en el mundo y los propios chilenos llevaron a la Concertación. De ahí no se han movido hasta hoy, y sus dirigentes exhiben con orgullo los logros en estabilidad política y crecimiento económico que le dan a Chile el lugar indiscutido del mejor alumno de todo el vecindario, mimado y celebrado por el primer mundo. Hay sólo una asignatura que el país modelo de América Latina tiene pendiente: según las últimas cifras del Banco Mundial, sus índices de desigualdad están entre los peores en Latinoamérica (8), y un 18,7% de su población vive en la pobreza (9).

El bien y el mal

Alto del Carmen es el último poblado antes de internarse definitivamente hacia las codiciadas reservas de oro de la Cordillera de los Andes. Tiene el típico trazado que los españoles dieron a las ciudades que fundaron en América: Sus poco más de 300 habitantes moran en torno a una plaza rectangular que sirve como lugar de encuentro, y que es coronado por un templo católico, el punto desde el cual debía dirigirse la evangelización que fundamentaba ideológicamente la toma de territorios por parte de la corona española durante la Colonia. En Huasco Alto, las misiones comenzaron en 1766, y siguen hasta hoy.
Hace unos 20 años, los descendientes de los antiguos diaguitas comenzaron a vivir algo similar a lo que presenciaron sus antepasados. Más y más extranjeros de piel clara llegaban al pequeño poblado, esparciendo la buena noticia de que arriba en la cordillera había mucho oro y que eso significaría riqueza, trabajo y bienestar para todos. Ya en 1985 hacían prospecciones en la cordillera para confirmar lo que las imágenes tomadas desde el espacio sindicaban como una enorme mancha de oro. Sólo había que ver para creer.
Cristina Hoar miraba esas fotos como una bendición. En su condición de misionera católica era invitada frecuente al incipiente campamento a 2.800 metros de altura, donde prestaba servicios espirituales a un par de decenas de cocineros, tronadores y limpiadores chilenos empleados por la minera, que le mostraban las fotos. Corría 1994, y Cristina ya se había enamorado de las montañas de Los Andes, tan diferentes a su nativa isla de Timor, en Indonesia. Había llegado a Alto del Carmen en 1988 y acostumbrarse no fue fácil. “Yo no conocía tantas montañas, esa inmensidad del paisaje era angustiosa para mí. Al principio tenía miedo de los cerros y el desierto, me daba la impresión que caería un cerro y mi único deseo era ver más árboles, por favor árboles”. Pero se acostumbró, y allí se quedó por 15 años, aunque las circunstancias la alejaron del campamento y de su inicial entusiasmo por el destino de las riquezas de Los Andes. A partir de 1999, la empresa no siguió requiriendo ni facilitando los servicios religiosos, y ella por su parte se estaba formando otra opinión de las consecuencias del proyecto para su valle adoptivo. Entre la compañía y el personal católico de la zona había comenzado una trama de desconfianzas mutuas que continúa hasta hoy.
En el muro frontal del campanario de la iglesia consta la inequívoca posición de los religiosos: un enorme fresco al estilo del muralista mexicano David Alfaro Sequeiros muestra el valle como el escenario de la lucha entre el bien y el mal. Arriba, un paisaje celeste en el cielo y el verde en los cultivos. Abajo, un averno teñido de negro por demoníacas maquinarias que arrojan basura mortal al río. No es un gesto amistoso.
Cristina admite: “El mural es provocador y cuándo recién se pintó (en 2002) dividió a la gente. Nos preguntaban por qué usar el lugar más sagrado del pueblo. Para nosotros era una forma pacífica de luchar contra Pascua Lama. Hubo autoridades que se quejaron al Obispo por el cura y la monja de la parroquia”. Y aunque el mural sigue ahí, ni ella ni el cura de entonces siguieron su labor en terreno. A él lo mandaron a estudiar a España y ella fue destinada a Santiago. Desde la capital sigue en contacto con la gente del valle, intenta apoyo internacional y se encomienda al Padre Hurtado, el santo chileno que creía que la iglesia debía evangelizar en los sindicatos. “Vamos a ganar, porque dios está con los pobres”, dice Cristina.

Tratados entre un par de viejos amigos

También en nombre de dios, el Presidente del Senado Andrés Zaldívar, veterano militante democratacristiano, Ministro de Hacienda en los años 60, exiliado por el régimen de Pinochet y luego Ministro del Interior de Michelle Bachelet, da inicio a una nueva sesión en Valparaíso, sede del parlamento chileno. Es el 29 de agosto del 2000, y es perentorio votar la aprobación del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina, un cuerpo legal único en el mundo que permite crear “áreas de operaciones”, o porciones de tierra, para explotaciones mineras privadas en la frontera que separa ambos países, la tercera más extensa en todo el mundo (10). La discusión en la sala comenzó hace ya 20 días, con uno de los honorables, Bertrán Urenda, dirigiéndose a Zaldívar:
- Señor Presidente, hago constar que no disponemos del texto del Tratado.
-Precisamente, pedí a Secretaría que lo distribuya, Su Señoría.
Algo muy parecido ocurrió en la única sesión que les bastó a los diputados para despacharlo, el 18 de enero del mismo año.
-Señor Presidente, después de revisar el informe de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Minería y Energía sobre el tratado que corresponde considerar a continuación, advierto que no se incluye el texto del mismo. Sugeriría modificar el orden de la tabla, porque no podríamos discutir éste sin tener a la vista el texto del tratado.
El Presidente Carlos Montes acepta la sugerencia del diputado Jaime Rocha, pide copias para todos y comienza la sesión con un solemne saludo a la diputada Allende, hija de Salvador, en el día de su cumpleaños. Horas más tarde se aprueba el texto, con 89 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones. Increíble muestra de consenso en comparación a la cámara alta, donde el díscolo Senador Jorge Lavandero, histórico defensor de una política minera estatista y figura extremadamente popular (algunos dirían peligrosamente popular), se opone al texto con una épica introducción alusiva a la hermandad de los pueblos.
“Señor Presidente, resulta muy difícil encontrar a chilenos que no vean con buenos ojos cualquier acción que haga nuestro país para favorecer la amistad, el acercamiento y la integración con Argentina, nación con la cual nos unen lazos de idioma, cultura e históricos de común lucha por la Independencia”.
Y continúa, ahora tocando la cuerda nacionalista y anti globalización:
“Sin embargo, el Tratado entre Chile y Argentina sobre Integración y Complementación Minera en nada favorece a ambos pueblos. Su único objetivo es beneficiar a las empresas multinacionales minero-metalúrgicas, que son las actuales propietarias de todos los yacimientos de cierta importancia existentes en la nación transandina y de la mayor parte de los de nuestro territorio”.
Su broche de oro es una denuncia, que ya ha lanzado anteriormente, pero con la que aún espera sorprender a sus colegas y al país:
“El Tratado que nos ocupa no fue creado por los argentinos, que muy poca experiencia tienen en materias mineras. Sin embargo, a Chile llegó como una proposición de ese país, (pero) ni siquiera hemos recibido una respuesta acerca de qué funcionario creó y redactó su texto. Al respecto, deseo informar al Hemiciclo que, invitado a una comida por ejecutivos de la empresa canadiense Barrick Gold, uno de sus abogados nos dejó entender que tal empresa había elaborado este Tratado hace cinco años”.
El culto a la soberanía funciona como acicate para varios honorables de extrema derecha, en especial los designados de las Fuerzas Armadas. Son los generales en retiro Julio Canessa, Fernando Cordero y el almirante y Jorge Martínez. Pero pierden. Sólo siete honorables rechazan, 5 se abstienen 34 lo aprueban. Uno de ellos es el mismo hombre que ya firmó el Tratado hace poco menos de tres años en el Palacio de la Moneda, el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ahora recién investido como senador vitalicio en virtud de la Constitución elaborada por Pinochet, que la Concertación aún no lograba reformar para deshacerse de tan dudosas formas de mantener el poder y los equilibrios (11).
En 1994, a poco de relevar a Patricio Aylwin y su política del dedo tapándose la boca, Frei Ruiz-Tagle recibió la visita de Peter Munk, el dueño de Barrick Gold, que fue a Chile con la confesa intención de asegurar que el tratado que le permitiría desarrollar su proyecto estrella se firmara, en Argentina por Carlos Menem y en Chile por Frei. Y que se firmara rápido. El nivel de influencias por parte de políticos de talla mundial durante esta visita se ha teñido de matices mitológicos. Que Munk habría venido respaldado por George Bush padre -quien saltó del trono de la Casa Blanca a un sillón como consejero de Barrick- y que incluso traía una carta de su puño y letra para Frei y Menem es algo que quizás no se pueda comprobar nunca. Pero sí se comprobó y se difundió lo que ocurrió dos años más tarde, cuando Munk intentaba adquirir la mina Busang, en Indonesia (que poco después se comprobó no tenía reservas). Uno de los voceros del ex presidente explicó al Financial Times de Toronto que se trató de “una carta privada entre amigos que mencionaba la alta consideración del ex presidente por Barrick”. El amigo era, valga la aclaración, el dictador indonesio Suharto.
No parece sensato especular que Frei y Bush sean o hayan sido amigos, pero Carlos Menem sí ha demostrado serlo, visitándolo en su famoso rancho de Texas. Hasta su esposa, la ex Miss Universo chilena Cecilia Bolocco, se jacta de su cercanía con el anciano político invitándolo a sus programas de conversación.
Tampoco es especulación que Munk trajo en ese viaje a su mejor lobbista, actual miembro del directorio y cabeza de la junta consejera internacional de Barrick. El ex primer ministro canadiense Brian Mulroney (quien estuvo en el poder entre 1984 y 1993) es reconocido como el mejor de los mejores por los que de verdad saben, como el millonario venezolano Gustavo Cisneros, dueño en Chile del conglomerado radial Iberoamerican Radio y también actual director de Barrick (12). “Tiene los mejores contactos. Si necesitas hablar con el presidente de Argentina o cualquier otro país, Brian los conoce” (13).
Con ese prestigio, Mulroney parece un ejemplo perfecto del líder de tiempos globalizados. Uno de esos que entendió temprano que esta ya no es la época de los estados sino de las corporaciones, pero que el estado puede ser muy útil a las corporaciones. Por eso es bueno que se mezclen, como en su persona. Mulroney saltó de la primera magistratura de su país a los directorios de 16 empresas globales diferentes, America Online y Forbes, entre otras, además de Barrick. Y jamás olvida a los amigos que hizo durante sus nueve años en la cima del poder político. Después de todo, incluso si cabe la sospecha de que es el poder económico quien pone las reglas, todavía son los estados los que firman. Todavía, para los casos más importantes, como pueden ser 18,3 millones de onzas de oro y otras 630 millones de plata inconvenientemente situadas en medio de la frontera entre dos países pobres, hay que ir a apurar el asunto donde un político.
Queda a la ficción imaginar cómo habrá sido aquel encuentro. ¿Desde cuándo databa la estrategia del magnate y el ahora líder globalizado, que gobernó su país al mismo tiempo que Bush en Estados Unidos y Aylwin en Chile? ¿Qué información manejaba? ¿Qué esperaba de la reunión el recién asumido presidente chileno, el vástago del iniciador de la nacionalización del cobre más tarde materializada por Salvador Allende, el niño que corrió por el palacio de gobierno en pantalones cortos, el joven que se hizo hombre escuchando la praxis de la política en lo pasillos, el hijo del estadista?

El incidente de los cerdos

Son los primeros días de 2006 y en Vallenar, la capital de la Provincia de Huasco, hay unos 37 grados de temperatura. Afuera de la municipalidad, el intendente pone cara de circunstancia ante el solitario micrófono del canal de televisión estatal y se refiere a la pronta resolución ambiental sobre una planta tratadora de alimentos. Crianza de cerdos, para ser más precisos. De Pascua Lama aún no hay novedades, pero se las haremos saber, dice su encargada de prensa. El asunto de ha transformado en un verdadero desafío a las capacidades políticas de Rodrigo Rojas que es además el Presidente de la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA), el organismo que tiene la última palabra sobre la aprobación de la mina desde el punto de vista ambiental. Así es la ley chilena. Además del intendente, la COREMA está formada por los ocupantes de casi 20 cargos del poder ejecutivo regional, que son nombrados por el Presidente de la República y dependen de su confianza, y un director regional, nombrado por el jefe de CONAMA, el organismo ambiental central. La nómina se completa con cuatro consejeros extra, elegidos por ellos mismos luego de constituirse. La ley también dice que cada COREMA está subordinada por relación jerárquica a la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, su réplica en el gobierno central formada por ministros de Estado. Y Rojas, el hombre ante el micrófono, está también subordinado jerárquicamente y en línea directa bajo el Director Nacional de CONAMA, y éste bajo el propio Presidente Ricardo Lagos.
El asunto debe zanjarse pronto, antes de la “fiesta de la democracia” que entregará el poder a Michelle Bachelet, correligionaria de Lagos. En dos semanas tendrá lugar la segunda vuelta presidencial, para la cual Bachelet logró comprometer los votos del siempre rezongón Partido Comunista. Ellos le pusieron diez condiciones por escrito para endosarle el 5% de los votos que administran. Una de ellas es que su gobierno no apruebe la puesta en marcha de Pascua Lama. Y aunque a Rojas le quedan menos de dos meses e el poder, todavía pasa susto: el diputado por la región Jaime Mulet, que en ese momento era el jefe de campaña de Bachelet, ha acusado públicamente a la comisión por supuesta “falsificación ideológica” por demorar la aprobación de la planta donde debieran criarse unos dos millones de cerdos, y ha pedido la renuncia del director, justo en la etapa final de la evaluación de Pascua Lama. Mulet es el mismo que emitió uno de los dos votos en contra del Tratado con Argentina en la Cámara de Diputados en el año 2000. En esa oportunidad argumentaba ante sus pares que “el tratado, además de favorecer a la gran minería, sobre todo a la no chilena, no aclara los beneficios que traería al país. Por ejemplo, una de las empresas que se beneficiaría de inmediato con la suscripción del tratado es Barrick, dueña del proyecto minero Pascua Lama”. Poco después cambió de opinión, y hoy es uno de los acérrimos defensores de que se apruebe, y pronto. Mal que mal, ya van casi cinco años de trámites para dejar tranquilo a un no tan grande como bullicioso sector ciudadanía, que tomó como símbolo la inclusión en el proyecto de un asombroso “plan de manejo de glaciares”. ¿Qué es eso? Nadie lo sabía, pues no hay precedentes en el mundo de cosa igual, pero la empresa se encargó de explicarlo: hacer tronar los tres inoportunos glaciares que están sobre el oro y llevarlos en camiones a una cota similar, para que así no se derritan.
Las razones de la impaciencia de Mulet son compartidas por otros entusiastas de la mina. Al fin y al cabo, desde que Barrick presentó a la COREMA su proyecto completo, en diciembre de 2004, la empresa ha presentado al menos tres gruesos informes explicando qué mecanismos se usarán para prevenir o en eventualmente solucionar cualquier problema de orden ambiental, social o cultural que pueda ocurrir como consecuencia de la operación de la mina. Han gastado cientos de miles de dólares en contratar informes de todo tipo, sin contar las pérdidas que ocasiona retrasar un proyecto que la compañía esperaba comenzar a operar este año. Y todo por algo que sólo parecía un trámite, la ampliación de un proyecto que había sido aprobado son problemas en 2001, transcurridos sólo 10 meses de su presentación a la autoridad ambiental.
Además, ¿qué pretenden los detractores? ¿nacionalizarla? Imposible: está ese famoso artículo 11 de la Ley Orgánica Constitucional sobre concesiones Mineras (contra la cual despotricaba el abogado-poeta), según la cual Barrick, como cualquier otro concesionario privado, tiene el siguiente derecho: “ser indemnizado, en caso de la expropiación de la concesión, por el daño patrimonial que efectivamente se le haya causado, que consiste en el valor comercial de las facultades de iniciar y continuar la extracción y apropiación de las sustancias que son objeto de la concesión. A falta de acuerdo, el valor de dicho daño será fijado por el juez, previo dictamen de peritos. Los peritos, para los efectos de la determinación del monto de la indemnización, establecerán el monto el valor comercial de la concesión, sobre la base de las reservas de sustancias contenidas que el expropiado demuestre, el valor presente de los flujos netos de caja de la concesión ” (14).
Eso, desde el punto de vista estrictamente técnico, porque también han gastado mucho dinero en revertir la mala imagen de la compañía y del proyecto, desde las más altas esferas hasta los vecinos de las pequeñas comunidades cercanas a la mina. Para ello contrataron a Extend, la firma de comunicaciones con los mejores contactos para sus propósitos. A la cabeza de la empresa, dos de los ex empleados de suma confianza de Patricio Aylwin durante su tiempo en el poder: Pilar Velasco (su ex jefa de prensa) y Marcelo Trivelli (uno de sus asesores políticos demócratacristianos, además de sobrino directo). Ellos dos acompañaban al abogado de Barrick en aquella cena en la cual, según el Senador Lavandero, se admitió que el Tratado con Argentina fue redactado por las transnacionales.
Extend también filtra el acceso de la prensa a los directivos de la empresa. Si es una investigación que será publicada a nivel internacional, la autorización para hablar debe venir de Canadá, fue uno de los argumentos de la consultora para explicar la dificultad de conseguir un testimonio oficial para este reportaje. La estrategia es simple: enfocarse en las comunidades cercanas al proyecto, y específicamente en los grupos que lo ven con buenos ojos.


La cortina de hielo

Como el promedio de los lugareños, Luis Faura fue al colegio pero se puso a trabajar antes de terminar la secundaria. Sus iguales lo eligieron concejal por Alto del Carmen en 2004, cuando sacó 296 votos, el 9,91% de un total de 2988. Vive camino a la cordillera, en una casa con piso de tierra con su madre, que trabaja a la intemperie en una cocina a leña, intentando capear los casi 40 grados de temperatura. Él y Cristina, la misionera Indonesia, fueron los primeros en oponerse al proyecto, en el año 2001.
-“Llegaron hace unos 20 años y nos dijeron que se iban a instalar en la zona porque habían descubierto un mineral. Todos estábamos felices y contentos, pero con el transcurrir del tiempo nos dimos cuenta que no era tan bonito. Terminamos de convencernos cuando presentaron el primer Estudio de Impacto Ambiental en 2001, en el cual no reconocieron que hay glaciares en la zona que quieren explotar. Ahí comenzó nuestra lucha”.
-¿Se opone al proyecto, incluso si no se destruyen los glaciares?
- Lo hagan como lo hagan, tomen las medidas que tomen, el agua se va a contaminar y va a disminuir y los glaciares van a desaparecer. La razón principal es que los desechos los depositarán está en las nacientes de los ríos. Esto no debe hacerse aquí ni en ninguna parte del mundo. No puede ser que vengan con argumentos de que acá vamos a poner un depósito de estériles y lo más contaminante queda en el lado argentino. La gente está despertando y se da cuenta de lo que está pasando con los proyectos mineros: después está todo contaminado, destruido, sin agricultura, como el valle del Loa. No puede ser que todas las riquezas se vayan y nos dejen los desechos de los procesos productivos.
-Pero Ud. es representante de la coalición de gobierno, que ve con buenos ojos estos proyectos.
-Las transnacionales, pues. Si las que manejan el país, los partidos políticos y al sistema son las transnacionales. La empresa busca a las personas que ven vulnerables en lo económico y se aprovechan de las necesidades. Esta es una comuna sin los servicios básicos de salud, las personas se nos mueren porque tenemos dos ambulancias para atender dos valles de 80 Km. cada uno. Entonces la empresa a través de un diputado dona una ambulancia y así compra conciencias.

Fue a partir de acciones como la de Luis Faura y Cristina, que presentaron objeciones ante la COREMA y comenzaron a difundir sus temores en la comunidad, que la empresa comenzó a hacer esfuerzos serios por insertarse en la opinión pública de la región y del país con una imagen lo más positiva posible. Eran demasiados los rumores dañinos que comenzaban a circular, azuzados desde Santiago por un par de ONGs defensoras del desarrollo sustentable: que Peter Munk, el dueño de la empresa que vino en persona a apurar el Tratado con Argentina al Palacio de la Moneda, había fundado Barrick con Adnan Khashoggi, el traficante de armas Saudí que, junto con el servicio secreto israelí, ayudó inconstitucionalmente al gobierno de Ronald Reagan a financiar a los contras, la guerrilla derechista nicaragüense que derrocó el régimen procomunista de Sandino. La operación, conocida como el escándalo Irán-contras, fue llevada a cabo en 1986 y coordinada por la CIA (15). Que Barrick tenía relación con gravísimas violaciones a los derechos humanos en otros de los yacimientos que explota alrededor del mundo, incluyendo la muerte en 1995 de más de 50 pirquineros en una mina de Tanzania, sepultados vivos justo antes de materializarse la venta a la empresa canadiense, operación a la cual los trabajadores se oponían (16). Que la familia Bush, apellido al menos antipático para muchos chilenos, tenía intereses en la empresa, por medio de las asesorías del ex presidente norteamericano, y favorecían a diversos bandos en las guerras civiles africanas para asegurarse la explotación de sus minas (17). Ninguna de estas informaciones está dentro de lo que a la empresa le interesa destacar ante la comunidad y en la práctica, ninguno de estos factores –ni siquiera el más benigno, o al menos innegable de la estrategia de Barrick de contratar como lobbistas a los ex presidentes derechistas de los dos países más poderosos del continente luego de haber dejado el poder- tuvo cabida alguna en los medios chilenos de cobertura nacional.

La gran polémica se centró en cambio –quién sabe si para conveniencia de la empresa- en temas que son bastante más fáciles de entender por parte de la ciudadanía y que, además, tienen una fuerte carga simbólica asociada a la naturaleza. En este caso, el proyecto, tal como estaba presentado, destruiría tres glaciares en la alta cordillera. Los glaciares serían dinamitados, cargados en camiones y llevados por la empresa a una cota similar para evitar que se derritieran. Esto es lo que la empresa llamó “plan de manejo de glaciares”. Fue sólo este factor, y ninguna de las complejidades por las cuales debió pasar el proyecto desde mediados de los años 80, lo que finalmente desafió con fuerza el sentido común de la opinión pública. ¿Cómo era eso de dinamitar glaciares milenarios en una de las zonas más áridas del planeta? ¿No queremos parecernos a los países desarrollados, como los de Europa Central, donde tapan los hielos de Los Alpes en verano para que se derritan más lentamente? ¿Quién aseguraba que llevarlos en camión a otro lugar no terminaría por derretirlos de todas formas ¿Y qué pasaría con los ríos alimentados por esos glaciares, que riegan todo el valle? Y todo esto, agregaban algunos, para explotar la mina de oro más grande del mundo y llevarse las ganancias lejos de Chile.

A esas alturas, sin embargo, ya no era mucho lo que se podía hacer. Lo único que quedaba era apelar a una de las institucionalidades más débiles y cuestionadas del Estado chileno: la Comisión Nacional de Medio Ambiente. Fue allí donde se libró la gran batalla entre los intereses de un sector de la ciudadanía por un lado, los de la empresa y los del gobierno. Fue en esta instancia, y no antes, cuando la opinión pública chilena comenzó a escuchar insistentemente el nombre de Pascua Lama, asociado por unos a una millonaria y beneficiosa inversión extranjera y por otro a la destrucción del medio ambiente. Se hablaba de dos modelos de desarrollo en conflicto: uno, intentando insertar a Chile en el contexto geopolítico de la globalización en las condiciones ventajosas más favorables dentro de lo posible, favoreciendo la inversión extranjera y firmando acuerdos de libre comercio con las grandes economías mundiales. El otro, poniendo en primer lugar el desarrollo sustentable, donde las cifras macroeconómicas son menos importantes que la protección de los sectores sociales más vulnerables y de recursos naturales, sobre todo los no renovables como los minerales o los escasos como el agua. Aún a costa de dejar al país en una posición desventajosa para negociar con los organismos internacionales de los cuales, como todo país pequeño, depende inevitablemente.

La aprobación de Pascua Lama por parte de la autoridad ambiental se transformó en un caso emblemático a nivel nacional. Pero el caso llegó a la opinión pública con demasiados años de retraso, y la mayoría llegó a simplificar su opinión al punto de oponerse al proyecto basándose exclusivamente en el grosero detalle de la idea de dinamitar tres glaciares para extraer el oro. Cuando finalmente, la COREMA emitió una resolución de 150 páginas aprobando el proyecto con la expresa instrucción de explotar la mina de manera subterránea y sin tocar los glaciares, el debilitado organismo público probó que era posible llegar hasta el límite de sus facultades. Lo hizo el 14 de febrero de 2006, el penúltimo día que le quedaba para pronunciarse, antes de que el proyecto se aprobara “por omisión”, como indica la ley chilena de medio ambiente. Ese día, como todos los de cualquier febrero, Santiago está desierto por las vacaciones estivales, que empinan los termómetros más allá de los 32 grados y mantienen a los ciudadanos en las playas. Faltaba menos de un mes para que la agenda noticiosa se volcara a un solo tema, que monopolizaría la atención durante los próximos meses: la asunción al poder de Michelle Bachelet, la primera mujer elegida en las urnas en América del Sur. Una fiesta. O mejor, un carnaval de la democracia.


1. El PIB chileno en 2005 se distribuyó así: manufactura: 16,1%, minería: 16%, Servicios financieros: 11,8%, Servicios personales: 11,7%, Comercio: 8,1. Fuente: Banco Central de Chile. www.bcentral.cl.
2. Barrick Gold Corporation tiene 26 minas en operación alrededor del mundo, y faenas de exploración en 100 lugares y 16 países diferentes. Fuente: www.barrick.com.
3. La compañía informó de esa cifra cuando la onza de oro se transaba a U$375. En junio de 2006, el precio alcanzó los U$701, el más alto en dos décadas.
4. Uribe, Armando. Carta Abierta a Patricio Aylwin. Santiago, Lom Ediciones, 1998.
5. Gabriel Guerra Mondragón, reconocido hasta entonces más como lobbysta que como diplomático, fue embajador de Estados Unidos en Chile entre 1994 y 1998. Tras su retiro, se dedica a la consultoría internacional para empresas interesadas en invertir en América Latina, motivo por el cual sigue visitando Chile. Guerra Mondragón sigue manteniendo excelentes contactos con la Concertación: con motivo de su visita a Estados Unidos como candidata presidencial, Michelle Bachelet consiguió una entrevista personal de media hora con Hillary Clinton gracias a una gestión personal del ex diplomático.
6. El National Endowement of Democracy (NED) es un organismo de financiamiento estatal fundado bajo la administración de Ronald Reagan. Entre sus seis propósitos declarados figuran el “alentar instituciones democráticas a través de iniciativas del sector privado” y “facilitar el intercambio entre grupos del sector privado y organizaciones democráticas en el exterior”. Posee cuatro instituciones afiliadas, entre ellas el Centro para la Empresa Privada Internacional, con socios en todo el mundo. En el caso de Chile, el socio es el Instituto Libertad y Desarrollo, un think tank fundado en 1990 por ex ministros de Pinochet.
7. A. Muga, Armando Uribe: ‘Las Obras Valen Cuando las Habla el Pueblo’. En http://www.letrasdechile.cl/modules.php?name=News&file=article&sid=726, recuperado 14-05-06.
8. El World Development Report 2006 del Banco Mundial deja a Chile en el sexto puesto de los países más desiguales, levemente superado por Brasil, Bolivia, Paraguay, Colombia y Ecuador.
9. Fuente: Ministerio de Planificación: www.mideplan.cl/casen, según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2003.
10. Para una investigación periodística sobre el origen del Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina, ver J. Alcayaga, D Luna y C Padilla, El Exilio del Cóndor: Hegemonía Transnacional en la Frontera. OLCA: Santiago 2004. Texto completo disponible en http://www.olca.cl/oca/octext.htm#1.
11. Los Senadores designados y vitalicios fueron eliminados recién en la reforma constitucional de 2005. Los primeros eran nueve: cuatro ex cabezas de las fuerzas armadas, dos ex jefes del poder judicial, un ex Contralor de la República, un ex rector universitario y un ex ministro de estado. El puesto de senador vitalicio lo ganaban automáticamente todos los ex presidentes de la República.
12. En Chile, Cisneros controla seis radios: Corazón, Rock & Pop, Imagina, Pudahuel, FM Hit, FMdos, Concierto y Futuro.
13. Konrad Yakabuski, “The Prime of Brian Mulroney”. Business Magazine, April 2004 en http://www.konradyakabuski.com/articles/2004_02.html, visto por última vez el 11 de mayo de 2006.
14. Artículo 11 No 3 de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, de 1982
15. Véase la biografía autorizada de Munk: D Rumball, Peter Munk: The Making of a Modern Tycoon, Toronto, Stoddart, 1996. También C Alonso y P Arancibia, ‘The golden Boys’. La Nación, Santiago. 10 de abril 2005 y A Chaitkin, ‘La Verdadera Historiade Bush y Barrick Gold Corporation’, Executive Intelligente Review, vol XIV, No 4, 197, donde se documenta el pago deU$ 4 millones por parte de Peter Munk por la fianza de Khashoggi en 1989, arrestrado por fraude en Filipinas.
16. Véase por ejemplo J Rodríguez Pardo, ‘La Macabra Barrick de Bush’, La Séptima, 26 de noviembre 2004, San Juan, Argentina. La representación argentina de Barrick utilizó su derecho a réplica en ese mismo medio calificando los antecedentes otorgados por Rodríguez como “falsos” y “agraviantes”.
17. Para un detallado informe sobre cómo Bush padre, consejero de la empresa entre 1995 y 1999, y el ex primer ministro canadiense Brian Mulroney (que aún lo es) habrían logrado que los bandos afines a intereses anglos accedieran al poder en Zaire y la República Democrática del Congo en 1997, para luego adjudicarse sus minas, ver por ejemplo G. Palast, La mejor democracia que el dinero puede comprar, Crítica, Madrid, 2003. También The Times, 20 de mayo 1997 y El País, 2 de septiembre 2001.

Pascua Lama II

Comparto acá una serie de tres extensos artículos sobre la mina Pascua Lama, desde el punto de vista de la geopolítica y el tráfico de influencias, y también de lo ambiental. Trabajé en ellos hasta abril de 2007, por lo cual planeo actualizar algunos datos. Bienvenidos todo tipo de comentarios!

Rompiendo la cortina de hielo: lo que la mayoría ignora sobre el proyecto Pascua Lama

Precisamente porque ocurren demasiado frecuentemente, los chilenos son sensibles a los escándalos ambientales. En el caso de la puesta en marcha de una gran mina de oro, la amenaza de la destrucción de tres glaciares y la incertidumbre sobre los potenciales riesgos de contaminación han monopolizado la atención pública, relegando a una posición secundaria una serie de asuntos controversiales. Algunos ejemplos: un comité de cuatro personas facultado para conceder varios miles de kilómetros cuadrados de territorios fronterizos a una compañía extranjera; una oficina de aduanas chilena financiada por la misma empresa que se supone debe fiscalizar; y los intereses estratégicos de la familia más rica del país fuertemente vinculados a la aprobación del negocio canadiense.

Han pasado dos décadas desde los inicios de la gestación del proyecto minero Pascua Lama y su explotación por parte de la compañía de oro más grande del mundo, pero la opinión pública chilena sólo ha tenido antecedentes de sus alcances en los últimos cuatro años. Para la mayor parte de la gente, fue la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de la Región de Atacama la que decidió aprobarlo, tras un proceso que incluyó presiones de múltiples sectores traducidos exclusivamente al plano ambiental, que es en el cual esa oficina gubernamental tiene algo que decir. En una extensa resolución despachada a un día del plazo legal para pronunciarse, en febrero de 2006, la COREMA aprobó el estudio de impacto ambiental presentado por Barrick Gold Corporation. El documento incluye una serie de restricciones en relación a lo que la compañía canadiense proponía en su diseño original, con el objeto de salvaguardar lo mejor posible a la población que vive en la zona de influencia de la mina. La modificación más llamativa, y que se había transformado en bandera de lucha de los ambientalistas, es la prohibición de intervenir directamente los tres glaciares que la empresa pretendía dinamitar para acceder más fácil y rápidamente a las reservas de oro más extensas de todo su portafolio, que incluye 16 yacimientos en 4 continentes. Hay otras, como la exigencia a la compañía de elaborar planes de contingencia ante emergencias o imprevistos derivados de sus actividades, y el hacerse cargo del tratamiento de las aguas contaminadas por las faenas hasta que recuperen naturalmente sus características originales. El informe estima que eso ocurrirá 100 años después del cierre de la mina, algo así como en el 2130.
Pero la mayoría de los opositores no se dieron por satisfechos con las restricciones. A principios de abril, la CONAMA (Comisión Nacional del Medio Ambiente, la autoridad ambiental a nivel nacional), acogió más de 40 requerimientos de personas y organizaciones exigiendo una revisión de todo el proceso. Es la última alternativa que da la legislación chilena. Ahora, todo está en manos de una sola persona: Ana Lya Uriarte, la Directora Ejecutiva de CONAMA. Como todos sus antecesores en ese organismo público, su puesto depende de la exclusiva confianza del Jefe de Estado. No se recuerda un caso en el que la dirección ejecutiva de CONAMA haya cambiado el curso de un proyecto, desde los inicios de la institución, en 1994.

Autoridad limitada

Sin el mediático argumento de salvar los glaciares a la mano, la posición de los ambientalistas en su guerra declarada a Pascua Lama se ha visto debilitada. Pero la realidad chilena les provee cada vez más seguido de lamentables nuevos ejemplos con los cuales ilustrar los peligros reales de la falta de regulación y fiscalización sobre ciertas actividades productivas. Sólo en el mes de abril de 2006 hubo dos casos bullados: el derrumbe de un relave de una mina de cobre, que inundó un río pocos kilómetros al sur de Santiago, y la muerte de 300 ovejas por beber aguas contaminadas con pesticidas, también en la zona central del país. Todo esto mientras se daba a conocer un estudio conjunto de la Universidad Católica de Chile y la Universidad de California que habla de uno de los efectos de la minería química en el norte del país: los habitantes de la ciudad de Antofagasta, capital de una región que produce 2 millones de toneladas de cobre al año, estuvieron expuestos a niveles de arsénico tan altos por medio de la ingesta de agua potable entre 1958 y 1971, que su probabilidad de desarrollar cáncer es hasta 12 veces superior a la del resto de los chilenos. Las desmesuradas concentraciones del venenoso elemento se deben en parte a las características geomorfológicas de la zona, y también a los procesos propios de la minería química. Si bien el estudio abunda en un tema que ya estaba debidamente documentado, una comparación espectacular ayudó a su difusión en la prensa: esos chilenos tienen más riesgo de morir de cáncer que los sobrevivientes de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki (1).

Casos escandalosos como éstos, repudiados por un amplio sector de la ciudadanía, han dado a los ambientalistas más notoriedad y poder de negociación. La Ley de Bases del Medio Ambiente, que fue redactada durante el gobierno de Patricio Aylwin y entre otras cosas crea la CONAMA y las COREMAS regionales, ha resultado tan inoperante e insuficiente para proteger los recursos naturales que hay consenso generalizado para modificarla. Por otro lado, el equipo de la presidenta Bachelet está elaborando un proyecto para elevar la CONAMA a rango de ministerio, ampliando sus facultades. La esperanza de los ambientalistas es que en este nuevo escenario, las decisiones finales sobre impacto ambiental serán tomadas ya no por políticos subordinados jerárquicamente a sus superiores en los ministerios, o potencialmente benevolentes con los intereses de sus partidos políticos. Los criterios utilizados serán estrictamente técnicos, por un organismo con más recursos y menos vulnerable a presiones de todo tipo. Como lo explica Rodrigo Pizarro, economista de la Fundación Terram, una de las que se oponen tanto a la estructura de la institucionalidad ambiental chilena como a la aprobación de Pascua Lama:
“Hoy en Chile el aspecto político y el técnico están mezclados. Eso significa en la práctica que quien toma las decisiones (en materia de impacto ambiental) es el gobierno, lo cual es muy complicado tanto para las organizaciones civiles como para las empresas. Es muy difícil que los Seremis (2) , que no sólo son funcionarios públicos sino además nombrados por el presidente, digan que no a sus jefes”.
En lo estrictamente práctico, las instituciones están muy lejos de funcionar, por falta de dotación en los servicios públicos. La propia CONAMA admite que durante el período 1999-2004 sólo fue capaz de fiscalizar menos del 30% de los proyectos que ha aprobado. Una vez más, los recursos del Estado chileno son impotentes para proteger a los ciudadanos de eventuales incumplimientos de la norma ambiental que pueden afectar gravemente el ecosistema y la salud humana. Cambiar esta apremiante realidad es tema de negociaciones que aún distan de tomar forma en algo concreto.

Ampliando la mirada

En esta última etapa, sólo un organismo público, COREMA, ha estado expuesto al escrutinio público, por unas competencias que se restringen a una perspectiva que es sensible para la mayoría de la población, pero no es ni la única ni necesariamente la más relevante. Finalmente, la idea de que todo es responsabilidad de las autoridades ambientales, y restringir el debate exclusivamente a ese aspecto resultó ser una estrategia útil para los defensores del proyecto y del actual funcionamiento de las instituciones chilenas: ahora que no habrá glaciares destruidos, no hay nada a qué oponerse.

Lo cierto es que Pascua Lama es un mega proyecto de obvio interés estratégico, político, social y económico, donde una compañía extranjera lleva años haciendo lobby por medio de políticos de incalculable poder y contactos a nivel mundial para extraer 18,3 millones de onzas de oro y 630 de plata con ganancias estimadas de 270 millones de dólares al año, en el territorio de una comuna donde el 16,6% de la gente es pobre y el 16,6 es analfabeta (3). En este contexto, tanto el marco legal chileno como las atribuciones de sus organismos y la voluntad investigativa de los medios de comunicación se muestran deficientes.

La discusión sobre los costos y beneficios para Chile desde el punto de vista político, económico y estratégico de que una transnacional canadiense se instale en un área de 3.104 km2 (1,2 veces la superficie de Luxemburgo) en medio de la frontera con Argentina, para extraer una riqueza que la Constitución consagra como propiedad del Estado chileno nunca se hizo pública. Es imposible asegurar con certeza si dicha discusión existió efectivamente, quiénes fueron sus protagonistas y en qué contexto se analizaron los hechos. También es perfectamente verosímil asumir que no hubo nada en las sombras. Sólo funcionarios públicos ateniéndose al espíritu de las leyes. Leyes, tratados internacionales y comisiones creadas especialmente y en algunos casos exclusivamente para favorecer proyectos de esta naturaleza.


Los inicios

Si bien lo hace de manera bastante tangencial, las leyes chilenas sí encomiendan a un ente específico indagar sobre las empresas foráneas que quieren instalarse en Chile. Se trata del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), instancia por la cual deben pasar los proyectos con el fin de celebrar un contrato con el Estado Chileno. Su naturaleza está indicada el Decreto Ley 600 (dictado en 1974 por el gobierno de Pinochet y perfeccionado durante el mandato de Patricio Aylwin), que regula benévolamente las condiciones de inversionistas foráneos, permitiendo incluir en el monto de la inversión no sólo dineros frescos, sino también créditos y deudas asociadas. Además, faculta a las empresas para enviar la totalidad de sus utilidades de vuelta al exterior, si así lo desean, y compromete al Estado a no cambiar las reglas contenidas en dicho contrato bajo ninguna circunstancia. El Comité está formado por un consejo de ministros, incluyendo los de Hacienda, Economía y Relaciones Exteriores y el Presidente del Banco Central, que se reúnen para deliberar sobre la conveniencia de celebrar los contratos. Regularmente, además el CIE tiene un Vicepresidente Ejecutivo, entre cuyas funciones está “investigar en Chile o en el extranjero sobre la idoneidad y seriedad de los peticionarios o interesados” (4).
El Comité ha tenido al menos un problema en el cumplimiento de este mandato: actualmente enfrenta una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por negarse, en 1998, a facilitar información sobre el proyecto forestal Trillium, que iba a llevarse a cabo en las cercanías del río Cóndor, cerca del Estrecho de Magallanes. Según la Corte, el Estado chileno violó el derecho de los peticionarios (un grupo de ONGs y parlamentarios) de obtener acceso a información pública.

La primera solicitud de Barrick al Comité de Inversiones Extranjeras, hecha por medio de su filial chilena Compañía Minera Nevada, data del 3 de octubre de 1997. Tal como explica el actual Fiscal del organismo, el abogado Andrés Culagowki (quien negó la posibilidad de grabar una entrevista efectuada en su oficina con fecha 18 de abril de 2006), la empresa ha firmado dos contratos con el Estado chileno, uno en 1998 y otro en 2000, en los cuales éste se compromete a dar cumplimiento a las condiciones fijadas en el DL 600. Para aprobar la celebración de dichos contratos, el Comité se reunió como manda la ley, generando actas que según el abogado son públicas, pero que son susceptibles a estar tachadas por motivos que pudieran comprometer la seguridad nacional. En cuanto al mandato legal de “investigar en Chile o en el extranjero sobre la idoneidad y seriedad de los peticionarios o interesados”, el fiscal explicó que el Comité se limita a investigar aspectos tales como que la empresa en cuestión efectivamente exista, esté domiciliada donde declara y otras formalidades por el estilo. El comité no genera, ni generó para el caso de este proyecto, ningún documento que dé cuenta de investigaciones en torno a cuál es el comportamiento de la empresa en los otros países del mundo en los que opera, ya sea en términos de cumplimiento de compromisos adquiridos con las autoridades respectivas, o de prácticas ambientales, laborales, tributarias o de otro tipo. Los empleados públicos, dice Culagowski, no pueden ser creativos. El comité, por tanto, es sólo el ejecutor del DL 600, y en este caso el único informe que pidió, como manda la ley para cualquier inversión en materia minera, fue al Consejo Chileno del Cobre, Cochilco.
En cuanto a la demanda en curso en la Corte Interamericana, el abogado dice que no están enterados de sus avances, y que ese es un asunto que está manejando la Cancillería chilena.

Familia y propiedad

Luego de celebrar contrato con el Estado por medio del Comité de Inversiones Extranjeras, en 1998 la compañía materializó la compra de un terreno de 50 mil hectáreas, que deslindan con el límite con Argentina, para explotar los yacimientos en lo alto de la cordillera. El predio, conocido como la Estancia Chañarcillo, fue vendido a la minera por la familia Franco, y su extensión se validó por medio de un estudio de títulos encargado por el Ministerio de Bienes Nacionales al abogado Jaime Mulet, hoy diputado de la zona, más tarde Secretario General de la Democracia Cristiana (el mayor partido en la coalición de gobierno), vocero de la candidatura presidencial de Michelle Bachelet e intermediario político de la empresa para algunas de las muchas donaciones sociales en la zona. Mulet es, además, primo hermano de los ex propietarios del predio.

Aunque esta arista del caso parece no representar peligros para el futuro del proyecto, hay quienes aún dudan de la legitimidad de los derechos de propiedad de Barrick en la cordillera. Como la abogada Nancy Yáñez, del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas:
-“Estas tierras fueron usurpadas a los indígenas de la zona en la década de 1920, y la usurpación se consolidó en manos de los titulares, específicamente don Humberto Franco. Un comunero vendió derechos y acciones dentro del campo común y los particulares que lo compraron, sin dimensión territorial, lo convirtieron en una estancia. Por muchos años esta estancia tuvo una superficie de 10 mil hectáreas. Estuvo en sus manos hasta que se la vendió a Barrick. Al igual que en el caso de las tierras mapuches, este es un caso de propiedad particular que se consolida en virtud de la prescripción (ocurrida 30 años después del primer traspaso), pero sobre la base de usurpación de derechos indígenas. En su estudio del año 97, el abogado Jaime Mulet le da total crédito a los derechos de los particulares, argumentando que los derechos estaban prescritos. Hay claramente tráfico de influencias en este caso. La Seremi de Bienes Nacionales fue después jefa de la campaña electoral de Jaime Mulet y a ella la sucedió en el cargo otro pariente Mulet”.

También en 1997, los entonces presidentes de Chile y Argentina, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Carlos Menem firmaban por fin el Tratado de Integración Minera, que declara como fundamento de su contenido el “promover e intensificar la cooperación económica”. Su objetivo declarado es “asegurar el aprovechamiento conjunto de los recursos que se encuentran en las zonas fronterizas de los territorios de ambas partes, propiciando especialmente la constitución de empresas entre nacionales y sociedades de ambos países y la facilitación del tránsito de los equipamientos”. Dos años más tarde comenzaría su discusión en el Congreso Nacional para su entrada en vigencia definitiva, y finalmente se aprueba en agosto de 2000, sin más contratiempos que los encendidos alegatos del senador Jorge Lavandero, apoyado por un puñado de senadores que no logran imponer su visión según la cual el tratado fue redactado por las empresas beneficiarias, atenta contra la soberanía y sólo beneficia a unas pocas, pero muy poderosas empresas transnacionales.

Esas sesiones en el parlamento, ocurridas entre enero y agosto de 2000, fueron lo más parecido en toda la historia de la materialización de este proyecto a una discusión pública sobre los temas de fondo y las consecuencias favorables y perjudiciales de abrir la frontera a capitales extranjeros, en un momento en muchos parlamentarios ya estaban al tanto de que el primer proyecto que podría materializarse haciendo uso del tratado sería Pascua Lama (5). A pesar de su derrota, Jorge Lavandero siguió dando a conocer el tema. Hoy, el ex senador cumple una condena por abuso sexual a menores en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, donde está imposibilitado de recibir periodistas. Sin embargo, aún puede dar su opinión sobre el asunto, a través de:
“Chile no tenía nada que ganar del Tratado Minero. Nuestro gobierno lo aceptó sólo por tráfico de influencias, lobby o corrupción. Yo sé fehacientemente que a ciertos senadores les ofrecieron dinero para apoyar el tratado, pero no me contaron quiénes fueron las personas que lo ofrecieron.”
-En su situación actual, ¿todavía cree que se puede hacer algo para parar el proyecto o para denunciar las irregularidades que menciona?
“No hay mucho que yo pueda hacer desde mi posición actual, pero hay muchas organizaciones civiles en todo el país que luchan contra este proyecto. Nuestra lucha no ha sido en vano. Al mismo tiempo, y luego de todo esto por lo que he tenido que pasar, no me sorprendería que las mismas multinacionales estuvieran desacreditando a otros políticos que están contra Pascua Lama.
Sólo un Senador más, Nelson Ávila, sigue descargando contra la empresa y el proyecto. Ávila también fue públicamente acusado de pedofilia, pero en su caso esas afirmaciones probaron ser falsas.
-“Yo creo que aquí hubo una manipulación al más alto nivel por parte del formidable lobby político con que cuenta Barrick, constituido por ex presidentes, primeros ministros, etc., y se hicieron el propósito de crear las condiciones más apropiadas para cumplir con su objetivo. En estos momentos nosotros somos voces solitarias que están impugnando esta aberración porque el poder económico de esta trasnacional ha permitido silenciar las voces que se oponen a la materialización de este proyecto”.

El tercer país

Con la entrada en vigencia del Tratado, se da curso a la creación de su Comisión Administradora, un cuerpo bilateral conformado por los subsecretarios de Relaciones Exteriores y Minería de ambos países, cuyas misiones están especificadas en el Tratado, su Protocolo Complementario y los protocolos específicos que rigen para cada proyecto minero ubicado en la frontera. La primera es “implementar los mecanismos necesarios para garantizar la ejecución del Tratado”. En otras palabras, facilitar las condiciones para que los negocios se lleven a cabo.

En todo caso, a esas alturas Barrick Gold ya tenía un largo trecho avanzado en sus conversaciones con el gobierno. La subsecretaria de minería, e integrante de la Comisión Administradora, Marisol Aravena, aclara que el protocolo en el cual Chile y Argentina acuerdan las condiciones para este proyecto específico es anterior incluso a que se aprobara el Tratado que permite proyectos en la frontera. “Yo diría que los arreglos vienen desde el gobierno de Patricio Aylwin, porque fue en esa época que se firmaron los primeros Acuerdos de Complementación Económica (que son parte de los fundamentos jurídicos para el Tratado). Yo creo que Barrick ya era dueña de muchas de estas pertenencias y empiezan las negociaciones para que los países se interesen en buscar una manera de que se lleve a cabo estos proyectos”.

Posteriormente, el trabajo de la Comisión consistió en ajustar ese protocolo que ya existía a las condiciones del tratado, y actualmente trabaja en los detalles para la puesta en marcha del proyecto.

Quizás el aspecto más llamativo tiene que ver con la implementación de los pasos fronterizos hacia área de operaciones de la empresa, donde operan cuatro servicios del Estado que son claves para el resguardo de la soberanía, los intereses estratégicos y de seguridad del país: Policía Internacional, el OS7 de Carabineros (6), el Servicio Agrícola y Ganadero y el Servicio Nacional de Aduanas. Estos pasos fronterizos serán para uso exclusivo del personal de las faenas mineras y todas sus instalaciones y equipamientos serán financiados no por el Estado chileno, como ocurre en cualquier otro puesto fronterizo, sino por la propia empresa que los utiliza. Se evita así el odioso argumento de estar obligando a los contribuyentes a costear un puesto fronterizo que sólo se usará en beneficio de una transnacional, pero se cae en el no menos insólito escenario de tener a la empresa financiando a los entes del Estado que están en sus puestos para fiscalizar a sus empleados en relación a la propagación de ciertas enfermedades y plagas, contrabandos, tráfico de armas o de drogas y evitar la entrada al país de delincuentes internacionales.
Pero la Comisión no sólo está encargada de coordinar los detalles operativos. El Tratado también la faculta para establecer los límites de la “zona de operaciones”, es decir demarcar el territorio a ambos lados de la frontera donde la empresa puede operar, que en este caso es de algo más de tres mil km2.

Tanto la subsecretaria como el Secretario Ejecutivo de la Comisión, Tomás Astorga, están concientes de la peculiar naturaleza y atribuciones de la comisión.

T. A: “Es un cuerpo interinstitucional, ad-hoc para el tratado minero entre Chile y Argentina, que es único. No se conoce otro tratado en el mundo para explotar yacimientos transfronterizos”.
M. A.: “Costó mucho llegar a este tratado y a este acuerdo. Se entregaron facultades bien delimitadas de manera tal de respetar los límites fronterizos pero también dejar establecida la facultad de la Comisión Administradora de saltarse esos límites para fijar un espacio que no va a ser ni chileno ni argentino sino que va a ser un tercer país dentro de estos dos países”.
-¿Y ese tercer país qué soberanía tiene?
M.A. : “Es una soberanía especial que va a estar administrada por cada uno de los países, pero adentro el territorio no será chileno ni argentino”.
T.A.: “o será los dos”.
-¿Qué gana el país con proyectos como Pascua Lama?
M.A: “Todas las empresas mineras están tributando y por otro lado esta empresa contratará 5 mil trabajadores en un inicio. Entonces yo encuentro que los países ganan”.
-¿Qué le responden a quienes afirman que el tratado fue redactado no por Chile y Argentina sino por las transnacionales mineras?
T.A.: “Yo trabajaba en esa época en este Ministerio y no recuerdo que haya venido una empresa a entregar un documento. Sí vi gente, como el fiscal del ministerio, del Ministerio de Relaciones Exteriores y otros reuniéndose largas tardes, analizando párrafos del tratado. En el estado de derecho que tenemos es muy difícil creer algo así.
Eso es un infundio”.
-¿Cuál es la respuesta a quienes opinan que dada la baja tributación de la minería privada esto se parece a un robo de los recursos naturales a manos extranjeras?
M.A.: “Ese argumento se podría dar con respecto a cualquier proyecto minero. Es absurdo en ese sentido. Las empresas tributan y generan encadenamiento productivo”.
-¿No tiene importancia que esta sea una de las minas de oro más grandes del mundo?
M.A.: “Podría ser la mina de oro más grande del mundo pero si está sin explotar no sirve”.
-¿El estado no tenía la posibilidad de explotarla?
M.A.: “Tenemos una Constitución que garantiza la estabilidad a quien va e inscribe una concesión minera. El estado no se la va a quitar”.
-Pero la constitución también dice que los minerales son del Estado chileno y que su derecho a ellos es absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible.
M.A.: “Si viniera el Estado de Chile y arrebatara esas propiedades argumentando que está amparada por la Constitución, se nos acaba la inversión extranjera. El Estado respeta el derecho de propiedad del extranjero. Por eso existe un Decreto Ley 600 que da seguridad y certeza y que sirvió para una época en que en Chile no había inversiones ni interés por venir y hacer explotaciones mineras que costaban millones y que el país no tenía. Si viene el Estado y le cambia las reglas del juego no sé si vamos a tener credibilidad en el extranjero el día de mañana”.
T.A.: “Sobre el dilema relacionado con la propiedad del mineral hay discusiones jurídicas profundísimas que no están resueltas en absoluto. Lo que se hace es aceptar que el Gobierno dice que las empresas deberían contribuir por la extracción de ese recurso, y la ley de Royalty 2 de alguna manera subsana el problema” (7).

Uno de los muchos que opina diferente en estas materias es el abogado Hernán Montealegre, conocido por la opinión pública chilena por haber defendido causas de alta exposición, incluyendo abusos a los derechos humanos durante el gobierno de Pinochet. En enero, durante un foro informativo sobre Pascua Lama, el jurista declaró sus aprensiones:
-“El Estado de Chile podría perfectamente expropiar la mina a Barrick, pagarles 7 mil millones de dólares y eso es legal y legítimo. El Estado chileno a cargo de la explotación de la mina podría obtener utilidades de hasta 20 mil millones de dólares. En lugar de eso, se está entregando por míseros pesos a las empresas extranjeras que saben que hacen una pequeña inversión, que pagan en el Comité de Inversiones Extranjeras un precio mínimo y después se llevan las utilidades más gigantescas que hay. Entonces uno dice pero cómo es posible que si nosotros somos los dueños de esos recursos naturales se estén llevando las empresas extranjeras toda esta riqueza. Ya hemos demostrado que sí somos capaces, por algo hemos sabido explotar Codelco (8), la nacionalizó el presidente Allende y hoy está dando unas utilidades extraordinarias que el gobierno chileno jamás esperó. ¿Por qué no se hace lo mismo con el resto de las minas? Ese ya es un problema de visión de política económica, yo soy contrario a la entrega de todos estos minerales a empresas extranjeras que se llevan nuestra riqueza. Resulta que Chile que es la fuente más grande del mundo en cobre, ahora parece que también es una de las fuentes más grandes del mundo en oro. Es el momento en que debiera haber una política en relación al oro como la hubo en relación al cobre”.


Tres economistas y un magnate
Julián Alcayaga, economista, coautor de un libro sobre el origen del Tratado con Argentina (9) y asesor del ex Senador Jorge Lavandero, cree que esa política sí existe para los minerales en general y que fue pactada antes de 1990 precisamente para mitigar los temores de los inversionistas extranjeros por el “mal antecedente” de haber expropiado las minas durante el gobierno de Allende.
-“En ese tiempo las empresas mineras extranjeras no invertían en Chile, a pesar de que en el año 82 José Piñera, ministro de Pinochet, hizo el Código de Minería que garantiza a las empresas la devolución de todo lo que vale el mineral de sus concesiones si llegan a ser expropiados (10). Es una garantía de que no habrá expropiación. Sin embargo, sólo lograron atraer una. Tenían miedo de que la oposición al Gobierno militar volviera a cambiar la ley minera. Aquí se formó un lobby a partir del año 84 para adelante, con el gobierno que iba a reemplazar a Pinochet. Sabemos que hubo reuniones entre Guerra Mondragón (11) y gente de la oposición de entonces. En principio, él vino a entregar el apoyo de Estados Unidos a la oposición, Pero a cambio de eso, seguramente dijeron ‘nosotros les vamos a ayudar, incluso hay plata y todas esas cosas, pero a cambio de eso el cobre es para nosotros’. ¡Porque no se puede explicar de otra forma!”

Lo que Alcayaga no se explica es no sólo la mantención de las reglas que permitían el acceso de capitales extranjeros en la minería, sino también lo que él sindica como la rebaja de impuestos que impuso la Concertación en los primeros meses de su mandato.
-“Hasta el año 90, es decir con Pinochet, todas las empresas mineras extranjeras, salvo las sociedades anónimas, estaban obligadas a pagar impuesto a la renta en base a las ventas. Es decir un empresario minero, una empresa minera vendía una tonelada, o diez, o un millón de toneladas, pagaba impuesto porque lo pagaba en base a las ventas que tenía. La tasa de impuesto variaba entre el 4 y el 20 por ciento. La Concertación llega al poder e inmediatamente cambia el sistema y establece que se pagan impuestos en base a las utilidades. Entonces desde ese momento las empresas extranjeras nunca más declararon utilidades, nunca más pagaron un solo peso de impuesto a la renta en Chile, salvo una o dos de ellas. ¿Por qué hizo eso la Concertación el año noventa? Por una cuestión de lobby que se hizo en el más completo secreto. El asunto pasó desapercibido en el Congreso y nadie lo discutió ” (12).

Todos esos argumentos son negados por Alejandro Foxley, Ministro de Hacienda con Aylwin, luego senador y hoy Canciller con Michelle Bachelet (13) .
-¿Las políticas económicas implementadas mientras Ud. fue ministro de Hacienda, estaban conversadas o consensuadas con organismos internacionales o con las grandes potencias?
“No. Todo el enfoque del gobierno de la Concertación fue, como dicen los gringos, domestically produced. Completamente un producto de la reflexión de los chilenos respecto de porqué caímos en la situación de la dictadura y la necesidad de renovar los enfoques políticos, institucionales y económicos”.
¿Por qué se realizaron cambios tributarios para la gran minería, en relación a gravar sólo sus utilidades?
“No hubo ningún cambio que yo recuerde. Lo que se hizo fue cambiar para que comenzaran a tributar sectores de la mediana minería que no tributaban. Las empresas mineras siempre han pagado por las utilidades, más un impuesto específico cuando remiten utilidades al extranjero”.
-¿Existe o existió lobby por parte de las grandes compañías mineras para entrar al mercado chileno?
“No, lo que hubo fue un cambio de legislación durante el gobierno de Pinochet para liberalizar la entrada de inversiones extranjeras en el ámbito minero. Nosotros no modificamos esa ley. En el caso de Pascua Lama, el proceso comienza en el Comité de Inversiones Extranjeras, donde se define el status tributario. No sé qué lobby podría haber porque son procedimientos a través de papeles y no hay tratamientos especiales para ninguna empresa. Está prohibido por ley”.

Rodrigo Pizarro, en cambio, dice que los efectos del lobby de las empresas mineras están a la vista.
“Ha habido todo un trasvasije de personeros de los gobiernos de la Concertación al mundo de la minería privada. Sin ir más lejos, Eduardo Loyola, gerente general del Consejo Minero fue un subsecretario de la Concertación (14). No cabe duda de que hay presiones, que las mineras apoyan ciertas candidaturas. Por ejemplo, cuando Lagos fue candidato a la presidencia, visitó una sola empresa y esa fue la mina Pelambres, del grupo Luksic, que siempre ha apoyado a la Concertación”.

Los trasvasijes no sólo operan desde el Ministerio de Minería, sino además desde la propia CONAMA, donde han trabajado la totalidad de los abogados ambientalistas que hoy asesoran y defienden a las empresas ante ese organismo. Como Javier Vergara, que pasó de Director de la CONAMA metropolitana (entre 1994 y 1996) a al bufete privado asesor de Barrick. O como Gabriel del Fávero, que es al mismo tiempo miembro del Consejo Consultivo de CONAMA y asesor del grupo minero más importante del país: los Luksic (15).

Favores concedidos

Y los Luksic no son en absoluto una familia cualquiera. Conforman el grupo económico más importante de Chile, controlando el mayor banco del país (el Banco de Chile), compañías de telecomunicaciones, alimentos, bebidas y, por supuesto minas, el origen de la única fortuna chilena que figura en el ránking de revista Forbes (16). La familia se vio fuertemente limitada durante el gobierno de Pinochet, quien los marginó expresamente del proceso de privatizaciones por medio del cual otros grupos privados adquirieron las empresas públicas, debido a que Andrónico Luksic, el patriarca del grupo, se mostró colaborador con el gobierno de Allende. Pero su riqueza se ha multiplicado varias veces durante los gobiernos de la Concertación. La base de ese crecimiento han sido las minas, y en especial Pelambres, la que visitó el candidato Lagos, que comenzó a funcionar gracias a las nuevas reglas económicas implementadas a partir de 1990.
Las estrechas relaciones de la familia Luksic con la Concertación influyeron incluso en que Chile se convirtiera en uno de los primeros países del mundo en reconocer la independencia de Croacia, tierra de sus antepasados, en enero de 1992. Otra prueba del nivel de cercanía lo da la larga lista de homenajes que se rindieron en agosto de 2005 a la muerte del Andrónico Luksic, el iniciador de la fortuna. Su despedida se asemejó a un funeral de Estado. No sólo concurrieron políticos de todos los sectores, sino también varios ministros y los entonces dos ex Presidentes de la República de la Concertación: Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Patricio Aylwin. Este último, declaró que Luksic había sido un hombre “con sentido patriótico, que cooperó desde su posición a la consolidación de la democracia”(17) . En el Congreso Nacional se le rindió el homenaje póstumo reservado exclusivamente para las figuras más relevantes del país, con discursos de representantes de todos los partidos (18).
Sus herederos han sabido capitalizar esas buenas relaciones para penetrar ventajosamente en el exterior. Por ejemplo, con una sucursal del Banco de Chile en China, que recibió la autorización de ese gobierno en sólo tres meses en lugar de dos años, como se estila, gracias a gestiones personales del entonces presidente Ricardo Lagos. Al respecto, Andrónico Luksic hijo ha reconocido que “el gobierno nos dio una mano tremenda. En algún momento, el ex presidente Lagos le mencionó a alguna autoridad china que había un banco chileno con interés y eso fue recepcionado por las autoridades”(19). Y continúa explicando lo que sabe muy bien: “este gobierno ha dejado puentes construidos para los empresarios. No hay que olvidarse que -y esto no lo hace a uno más o menos socialista- el mundo hoy se maneja así: los gobiernos ayudan a sus empresarios; no es que los subvencionen, pero les abren puertas. Los americanos apoyan a sus empresas en todos lados” (20).
Con o sin ayuda de la Concertación, el poder de los Luksic traspasó las fronteras chilenas durante esos años, y ganó en contactos. El fallecido patriarca fue invitado a integrar el directorio de Barrick Gold en Canadá durante la primera mitad de los 90. Allí se encontró con personajes como el ex primer ministro canadiense Brian Mulroney. El mismo que más tarde, en 1994, fue recibido en el Palacio de la Moneda por el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, para acelerar la aprobación del Tratado Minero con Argentina, requisito indispensable para la explotación de Pascua Lama por parte de la empresa.
Y aunque el grupo Luksic ya no forma parte del directorio de Barrick, siguen haciendo negocios juntos. El mismo día que la COREMA ratificó la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental de Pascua Lama, las buenas noticias tuvieron su consecuencia más obvia en beneficio de la acaudalada familia chilena. Marcelo Awad, vicepresidente de Antofagasta Minerals, la filial minera del grupo, llamó a la prensa para anunciar que Barrick, la mayor transnacional aurífera global que por fin obtenía las credenciales ambientales para explotar su yacimiento de oro más importante, ubicado en la frontera entre Chile y Argentina, se había comprometido a poner la mitad del capital, sea cual fuere el monto, para que la familia Luksic se hiciera de Tethyan Copper Company, que opera grandes yacimientos de cobre en Pakistán. Tras un par de semanas de negociaciones, Antofagasta logró su cometido por US200 millones, aunque, teniendo de aval a la compañía canadiense, el precio no les preocupaba demasiado.
“Barrick nos apoya con cualquier valor en que resulte finalmente la apuesta, es como que nos den un cheque en blanco” (21) , decía Awad. Comenzaba para el grupo chileno una nueva era hacia sus propias operaciones comerciales a nivel globalizado.


1. El estudio fue publicado en julio de 2006 en la revista norteamericana Environmental Health Perspectives.
2. Secretarios Regionales Ministeriales. Son los equivalentes regionales a los ministros, e integran las respectivas Comisiones Regionales de Medio Ambiente (COREMA).
3. Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional (cifras de 2004). www.subdere.cl
4. Al igual que sucede con los ministros de Estado, el Vicepresidente Ejecutivo también depende de la exclusiva confianza Presidente de la República. Karen Poniachik ocupó ese cargo entre marzo de 2000 y sólo lo abandonó para jurar como Ministra de Minería de Bachelet, en marzo de 2006.
5. Todas las actas de la discusión sobre el Tratado están disponibles en el sitio del Senado chileno: www.senado.cl, bajo el número de boletín 2408-10.
6. Es la rama de la policía especializada en reprimir el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes.
7. Impuesto específico a la minería, que entra en vigencia en 2006.
8. Codelco, la Corporación del Cobre, es la empresa estatal que más recursos aporta al Estado chileno.
9. J Alcayaga, D Luna y C Padilla, El Exilio del Cóndor: Hegemonía Transnacional en la Frontera. OLCA: Santiago 2004. Texto completo disponible en http://www.olca.cl/oca/octext.htm#1.
10. Dicha garantía está expresada en el artículo 11 No 3 de la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, de 1982, donde el concesionario de una explotación “tiene derecho exclusivo a ser indemnizado, en caso de expropiación de la concesión, por el daño patrimonial que efectivamente se le haya causado, que consiste en el valor comercial de las facultades de iniciar y continuar la extracción y apropiación de las sustancias que son objeto de la concesión”.
11. Gabriel Guerra Mondragón, lobbista estadounidense fue más tarde embajador de Estados Unidos en Chile entre 1994 y 1998.
12. En junio de 2004, una comisión especial del Senado, presidida por Jorge Lavandero. informó sobre las deficiencias en la tributación de las empresas mineras extranjeras. El problema se abordó con un impuesto específico, el Royalty 2, que entra en vigencia este año. El informe está disponible en www.senado.cl.
13. Alejandro Foxley fue además uno de los fundadores de Cieplan, Corporación de Estudios Para Latinoamérica, a fines de los 70. Ha trabajado para el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
14. El Consejo Minero agrupa a las grandes empresas mineras que operan en Chile, incluyendo Anglo American, BHP Billiton y Barrick Gold. Según su página web, su objetivo es “propender a una relación de cooperación con las autoridades y distintos actores del sector en temas relevantes para sus socios”. El abogado laboralista Eduardo Loyola es su Gerente General desde el año 2000. Antes fue Subsecretario del Trabajo y Vicepresidente de Recursos Humanos de Codelco.
15. Para ahondar en el tránsito de los abogados desde institucionalidad ambiental a las asesorías a privados, ver: J Ríos, ‘Código Verde’, Qué Pasa, 15 de abril 2006.
16. La fortuna de la familia Luksic asciende a US4.200 según esa publicación.
17. Declaraciones a Radio Cooperativa, el 17 de agosto de 2005. www.cooperativa.cl.
18. Otros depositarios de este tipo de homenaje han sido el Senador Jaime Guzmán, asesinado en 1990, y Alberto Hurtado, un sacerdote jesuita que trabajó contra la pobreza y fue canonizado por el Vaticano en 2005.
19. P. Comandari, ‘La nueva aventura de Andrónico Luksic’ Qué Pasa, 25 de marzo 2006.
20. Ibid.
21. V Ibarra, ‘Grupo Luksic dice que Barrick le da respaldo a su expansión internacional’. La Tercera, 16 de febrero 2006.

Sobre Pascua Lama III

Comparto acá una serie de tres extensos artículos sobre la mina Pascua Lama, desde el punto de vista de la geopolítica y el tráfico de influencias, y también de lo ambiental. Trabajé en ellos hasta abril de 2007, por lo cual planeo actualizar algunos datos. Bienvenidos todo tipo de comentarios!

¿Políticos o gerentes? Una mina de oro y el estado de la democracia en Chile

Una compañía multinacional está gastando millones en campañas de propaganda, y haciendo importantes donaciones en una comunidad con urgentes necesidades. Sus habitantes están divididos entre quienes reciben contentos los regalos y aquellos que se oponen furiosos a la idea de personas extranjeras llevándose 18,3 millones de toneladas de oro de sus territorios. Ellos no entienden porqué la mayoría de los políticos no presta atención al conflicto.

El viernes 20 de mayo de 2005, El Diario de Atacama, la nortina región chilena que debe su nombre al desierto más seco del planeta, titulaba su edición con los resultados de una encuesta según la cual un 80% de los habitantes de las cuatro comunas de la Provincia del Huasco apoyaba que Barrick Gold Corporation, la transnacional aurífera más grande del mundo, explotara su proyecto estrella. Es el yacimiento Pascua Lama, ubicado en el límite de esa región chilena y la provincia de San Juan, en Argentina.
Un certero golpe comunicacional por parte de la empresa, sólo ocho meses antes de que las autoridades pertinentes aprobaran el estudio de impacto ambiental presentado por Barrick, dando luz verde a una millonaria inversión.
Durante esos meses, una creciente porción de la opinión pública del país ha puesto los ojos en el proyecto y la relación entre potenciales costos y beneficios: ¿Una compañía canadiense llevándose 18,3 millones de onzas de oro y 630 de plata excavando durante 20 años en la Cordillera de Los Andes? ¿5.500 puestos de trabajo en fase de construcción y 1.600 en operación? ¿Riesgo inminente de contaminación de las aguas que riegan el Valle del Huasco, el único de la zona que sobrevive gracias a la agricultura? ¿Inversión millonaria beneficiosa para la comunidad? Nadie parece tener tan claro el camino a seguir como las casi 1.400 personas que votaron afirmativamente en la mentada encuesta, realizada a modo de plebiscito ciudadano, con sufragio secreto y conteo público de votos. De ahí las cuentas alegres de la compañía y el llamativo titular de prensa.
La nota sigue: se establecieron mesas de votación especiales que estuvieron abiertas durante cinco días. En total, poco más de 2.600 personas acudieron al llamado, para decidirse por una de las tres opciones que aparecían en el papel: “quiero que el proyecto se apruebe porque generará más puestos de trabajo”, “quiero que se apruebe siempre y cuando se contrate mano de obra de la región y se dañe lo menos posible el medio ambiente” y “no quiero que se apruebe bajo ninguna condición”. Los resultados fueron 30,1%, 51,2% y 18,6%.
Quien aparece como dueño de la idea es el diputado de la zona Jaime Mulet, que pertenece a la coalición que gobierna Chile desde la caída de Pinochet, en 1990. Terminado el proceso, él mismo envió a los medios de comunicación una declaración oficial “valorando la opinión ciudadana”. Lo que no se informa es de dónde salieron los recursos para implementar la iniciativa. Tampoco se discute cuán representativa puede ser una encuesta consignando la opinión de 2.600 personas de una provincia donde habitan casi 70.000, especialmente si éstas acudieron voluntariamente, es decir no fueron seleccionadas con técnicas de muestro estadístico.
Sin embargo, aún con sus falencias, la prensa y sobre todo la compañía se tomaron en serio el “ejercicio democrático”. La reproducción de la portada del diario, rezando “encuesta revela fuerte apoyo a Pascua Lama” aparece en el lugar más destacado del boletín mensual que publica la empresa para difundir entre la ciudadanía su filosofía y las bondades del proyecto. El mismo lugar destacado que ocupa un par de meses después el propio diputado Mulet, junto a un ejecutivo de la empresa, haciendo entrega de una ambulancia marca Mercedes Benz a la alcaldesa de Alto del Carmen, justamente la comuna de donde se extraerá la riqueza.
Es sólo una ínfima muestra de cuánto puede hacer una compañía transnacional que pretende ganancias de al menos 270 millones de dólares al año (1) , sólo por concepto de este proyecto, en una comunidad donde la suma anual de la cual dispone el gobierno local para toda su gestión no sobrepasa los 270 mil dólares. No sólo hay una proporción de mil a uno entre los ingresos anuales de una y otra parte. Esos 270 mil dólares del gobierno local se deben repartir entre una población de 5 mil personas, con un 12,1% de analfabetismo, 16,6% de pobreza (2) .



Temporada de regalos

El boletín oficial, impreso a todo color y en papel reciclado, no sólo está disponible en Vallenar, donde Barrick tiene su oficina corporativa regional, sino también en las municipalidades de las cuatro comunas a las que apunta el plan de difusión de la compañía. Es parte del trabajo de Carolina Contreras, nativa de Huasco, que luego de desempeñarse precisamente en el gobierno local, fue reclutada por la transnacional para labores de Relaciones Públicas. Desde allí, y en coordinación con Extend, la segunda consultora comunicacional más grande del país contratada para manejar la imagen de la empresa, emanan los comunicados de prensa que son religiosamente publicados por los diarios locales dando a conocer las donaciones, centradas sobre todo en Alto del Carmen. Algunos ejemplos al azar: una dotación de cabras raza Saanen y una máquina ordeñadora para el liceo agrícola (agosto de 2005), implementación deportiva y pasajes para un torneo internacional a atletas destacados (noviembre de 2005), capacitaciones para profesores primarios de las zonas rurales (diciembre de 2005) y, quizás lo más extraordinario, becas para que 54 jóvenes puedan acceder a la educación superior (mayo 2005). Todas y cada una de estas iniciativas, completamente fuera del alcance de las aspiraciones más soñadas por la inmensa mayoría de los habitantes de esa localidad. Ni sus familias, ni sus organizaciones podrían haber hecho posibles tamañas oportunidades. Menos el gobierno local, que dispone de menos de 90 dólares al año por cada inscrito en el sistema de salud pública, y de unos 1.500 para cada escolar, incluyendo alimentación, y en el caso de los secundarios, también alojamiento (3) .

Comparada con la sede corporativa ubicada en Santiago, la oficina de Barrick en Vallenar se parece más a la de un servicio público de una comuna rica que a la de una transnacional minera. En lugar de tener que mostrar identificación para poder entrar a un elegante edificio en la capital, acá se llega a una acogedora casa de madera de dos pisos, donde la puerta está literalmente abierta. En lugar de salones equipados para reuniones y presentaciones de alto nivel, acá hay una planta para atender las consultas de todo público, incluyendo un verdadero lujo para los lugareños: acceso gratuito a Internet en dos terminales. Y en lugar de trámites infructuosos para que la empresa de comunicaciones gestione una entrevista con algún ejecutivo, acá hay una cara visible: Carolina, siempre preparada para atender todo tipo de consultas sobre los beneficios del proyecto, aunque se trate de periodistas que lleguen sin previo aviso y con grabadora.
-No es habitual que una empresa entregue tantas donaciones a la comunidad. ¿Por qué lo hacen?
Porque hay un compromiso. Hay muchas falencias en distintas áreas en las cuatro comunas, y al mismo tiempo hay un acercamiento con las autoridades. Está dentro de la filosofía de la empresa el apoyar a las comunidades donde se insertan sus proyectos.
-¿Tiene que ver con que desarrollan actividades potencialmente peligrosas para la comunidad?
También podría tomarse de esa forma, pero hay un compromiso de la empresa, ellos se sienten responsables de las expectativas a la gente de la zona, porque había preocupación de la gente por el tema ambiental. En un principio había mucha desinformación respecto al proyecto, entonces la gente de Alto del Carmen presentaba inquietudes sobre calidad y cantidad de agua, y también por el tema de los glaciares (4) .
-¿Como empresa, han contado con el apoyo de las autoridades de la zona?
Sí, por ejemplo se han manejado bases de datos de los municipios, donde están inscritas las personas que están desempleadas. Hemos estrechado relaciones con los alcaldes, y muchos de nuestros cursos se dictan en dependencias municipales. Cuando la empresa quiere hacer un aporte, siempre se lo damos a conocer al alcalde respectivo, nunca se ha hecho nada por detrás.
-Cómo habitante de la zona, ¿cómo ha sido tu experiencia en este trabajo?
Cuando llegué, en abril de 2005, veía que el tema era complicado, que la comunidad me iba a hacer difícil el trabajo, pero no ha sido así, no he tenido problemas con nadie. Sí ha habido problemas con la oficina, de repente nos tiran cosas, nos han quebrado vidrios… incluso nos trasladamos (a la nueva sede), pero es lo mismo.
Carolina se refiere a los pequeños atentados perpetrados a la sede por quienes creen que la gran minería de oro, cuyos procesos implican necesariamente la liberación al ambiente de metales pasados como arsénico y cianuro, acabará con la agricultura y la economía de los habitantes del valle.

Voces en el desierto

En el caluroso enero de Santiago, unas 70 personas convocadas por listas de correo electrónico se congregan en una librería a ver un documental sobre los posibles estragos ecológicos que causará Pascua Lama en el Valle del Huasco. Tras media hora de tomas a prístinos paisajes, esforzados campesinos de sangre indígena preocupados por su futuro e impotentes dirigentes políticos huérfanos de apoyo, se abre el debate. Los argumentos son tan variados como los asistentes: salvar a la pachamama (5), preservar la dignidad nacional, luchar contra el enemigo imperialista, redimir el valle por medio del arte, evitar el saqueo de las transnacionales, exigir que el gobierno “se ponga los pantalones ” (6)… el mensaje es uno solo: hay que apoyar a la gente del Valle, y para ello se convoca a una protesta pacífica en la plaza de Alto del Carmen, para el siguiente fin de semana. Hay que llegar a Vallenar, 660 km. al norte de la capital, y desde allá las organizaciones locales pondrán buses para seguir hacia la cordillera.
Hasta el día antes de la manifestación, dirigentes de la oposición al proyecto, como Rubén Campusano, representante de la comunidad indígena diaguita de los Huascoaltinos, caminaban optimistas por Vallenar: lograrían reunir a cientos de personas.
No fue así. Llegaron con suerte 100, mientras alguno de los 300 habitantes del poblado husmeaba curioso o se unía al grupo de evangélicos que estaba apostado al otro lado de la plaza, disputando el protagonismo de la tarde con versículos bíblicos emanando de grandes parlantes. Fue sin duda la actividad social de la semana, incluso para la policía, cuyos efectivos coquetean con las adolescentes del lugar, vestidas para la ocasión mientras dos radiopatrullas hacían rondas por la plaza. Algunos encendidos discursos contra la empresa y unos cuantos vítores por parte de la escuálida concurrencia. Más tarde, Enrique Sarneguet, el párroco del lugar tomaba la palabra para celebrar una liturgia llamando a cuidar la vida en el valle para las nuevas generaciones. Lleva al altar un jarro de agua limpia, una planta nueva, un remolino que mece el aire puro y llama a una niña pequeña para completar la postal que le ofrecerá a su dios. Confía en él para frenar las aspiraciones de un oponente que sabe casi invencible. Una multinacional poderosa colmando con creces las necesidades que un Estado sin recursos no puede cumplir.
-¿Por qué no hay gente del pueblo en las manifestaciones?
La empresa ha apoyado mucho a la municipalidad, entonces la gente tiene mucho miedo a la hora de hablar, porque se ven involucrados ellos y su familia. En estos proyectos grandes funciona el martilleo de la comunicación. El mensaje es: el proyecto va aunque se opongan.
-¿Por qué las autoridades no apoyan?
Es muy complicado que una autoridad de la comuna se defina sobre este tema: Acá uno ve a los niños de la escuela con tenidas deportivas nuevas y bonitas pero con el cuño de Barrick. O los trabajadores que están haciendo el camino, que en teoría es del Ministerio de Obras Públicas, todos también con uniformes de Barrick. Entregaron juguetes a los niños para navidad, en diferentes localidades, con las autoridades municipales y los gerentes de la empresa.
-¿En qué se basa su oposición como sacerdote?
Uno de nuestros criterios pastorales tiene que ver con la dignidad de las personas, con cómo un sistema económico y empresas globales pueden comprar conciencias por presiones como la de no obtener un trabajo y cosas que les corresponderían sólo por ser personas humanas. Hay mucha gente empleada en el camino y eso les tapa la boca porque necesitan comer.
-¿Usted ha buscado apoyo externo?
Este tema se conoce internacionalmente. Pero cuando estuve en España, me decían que tenemos la batalla perdida, Chile no puede con esta minera porque es una multinacional con mucho poder económico. Detrás de eso hay intereses políticos, empresarios que son o han sido gobernantes de mucho peso. Hay presiones muy fuertes. Incluso hay rumores de porqué Estados Unidos terminó apoyando a Insulza para la Secretaría General de la OEA (7). Yo no digo que sea Barrick, pero estos son temas de política internacional.
-¿Y qué piensa hacer?
-A mí me gustaría que hubiera un organismo internacional que actualmente no es la ONU, que a estas empresas multinacionales les parara los carros. Porque uno ve los tratados internacionales, pero los primeros que los firman son los que más contaminan y los que más poder económico tienen. Ante esto, a nivel internacional no se puede hacer nada.
Las palabras se Sarneguett, un ciudadano español internado en un pueblo minúsculo en los faldeos de la cordillera de Los Andes, y cuya misión es visitar 28 aldeas cercanas cada mes, suenan a desahogo. A los lugareños les habla en un lenguaje simple, como los símbolos de su liturgia. Pero en su casa, aledaña al templo, el sacerdote se conecta a Internet e intenta conseguir apoyo a nivel internacional. Así fue como en esos días de enero se inauguraba una antena de Radio El Profeta, con dineros de España y Alemania, para ayudar a difundir dos criterios que Sarneguett considera fundamentales: “uno es la defensa del agua, como un derecho humano, un derecho a la vida. El segundo es que la minería química es incompatible con la agricultura, y éste es un valle agrícola. Acá la gente vive de eso, es sana, saludable, y ha llegado esto que va más rápido de lo que ellos pueden reaccionar. Cuando reaccionan es demasiado tarde, ven que están cambiando sus costumbres, su manera de pensar…”
El sacerdote se refiere a gente como Germán Jofré, un anciano que llega a la casa parroquial buscando conversación: “¿Pero cómo se van a llevar toda esa riqueza que es nuestra?”, se pregunta. E invita a su hogar para seguir con el tema: “Hay dos casas iguales allá arriba, claro que una está más bonita porque han recibido más ayuda. La mía es la otra”. En efecto, la casa de Jofré es pobre. Él y su señora viven con una pensión mínima que le entrega el gobierno a las personas mayores de 65 años que carecen de recursos.

Jorge Pino también tiene más de 65 años, y se mantiene con su sueldo de concejal por Vallenar, cargo para el cual fue reelegido en 2004. Como sabe que cuando ya no pueda trabajar no tendrá jubilación, plantó paltos y olivos en un pequeño predio que compró con la indemnización por la pérdida de su casa cuando tuvo que escapar a Europa tras el golpe militar de 1973. También pretende vivir de la agricultura. Pero a diferencia de la gran mayoría de sus coterráneos, Pino sí tiene educación. “Soy profesor de historia y escribo sobre el movimiento obrero chileno. Como estudié y me preparé tanto, en Europa me llevaron a muchos países a hablar”.
Pino volvió en cuanto la Concertación le dobló la mano a Pinochet, y ha sido elegido bajo esa coalición. Pero está desilusionado de su manera de hacer política, del manejo que ve en la municipalidad de la que forma parte, y de lo que sindica como la falta de voluntad para que el desarrollo llegue a las zonas mineras del norte chileno. Tan desilusionado está que cuesta frenarlo en su discurso.
“Esta oposición al proyecto no salió porque es una empresa privada o extranjera.12 años atrás, nosotros hicimos un estudio de los impuestos que reciben los municipios de la región, porque ya teníamos problemas: en las escuelas no había comida para los niños ni remedios para los enfermos, cientos de ancianos sin cupos de jubilación, miles de personas sin techo. La conclusión unánime es que las grandes empresas mineras no pagan impuestos de ningún tipo. En todo el mundo las mismas empresas que estamos criticando pagan 30% de impuestos a la primera utilidad más el royalty, un tributo porque la materia prima no vuelve a salir. En Chile, los militares y la Concertación bajaron el impuesto al 17% y tampoco lo pagan porque las empresas hacen balances negativos. ¡Esto es asqueroso, es un robo descarado!”
-Pero hay gente en la zona que ya ha obtenido beneficios…
“Yo hace 40 años que soy candidato: las empresas le pagan a los diputados, a los senadores, los alcaldes, a los concejales. A mí me ofrecen dinero para que me calle. Pero soy más caro que los diputados y los senadores. Barrick, como no pudo comprarlos a todos, está financiando proyectos productivos y sociales. Se van a las poblaciones y clubes deportivos y financia todo lo que la gente anhela y en municipalidad no podemos hacer. ¡Cómo será la sinvergüenzura que el alcalde se quejó de que ahora las cosas que antes pasaban por el municipio, pasan directamente a las oficinas de la Barrick! ¡Imagínate dónde llega la corrupción!”

Los señores de las aguas

Para muchos otros habitantes del valle aún podría quedar más por ganar. En Alto del Carmen y sus alrededores circula el dato de que Barrick tiene 180 millones de dólares presupuestados para gastar en la comunidad, pero no hay certeza de la cifra exacta. Lo que sí es de público conocimiento es el trato que acordó la empresa con el directorio de la Junta de Vigilancia de la Cuenca del río Huasco y sus Afluentes (8) para entregarles 60 millones de dólares siempre y cuando la mina finalmente entre en funcionamiento. Por medio de este instrumento, firmado el 30 de junio de 2005, la empresa intentó volcar a su favor al más poderoso de los grupos opositores en la región.
La lectura del polémico protocolo da una buena idea de la falta de jurisprudencia en materia de regulación de responsabilidades por eventuales daños ambientales, circunstancia que deja el camino despejado para un arreglo que satisface a determinada parte de la ciudadanía, precisamente la que más reparos presentó ante la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) durante la evaluación del proyecto. El instrumento incluso se permite involucrar al Intendente, la misma persona que bajo la ley chilena está a la cabeza COREMA, en la administración de los dineros entregados a los particulares por parte de la compañía.
En este documento, la transnacional y la junta de vigilancia establecen sus términos de negociación, desde lo mas general hasta los detalles, partiendo de la base de que acordadas las condiciones, los integrantes de la junta “no se opondrán a la aprobación y posterior ejecución del Proyecto” y “harán sus mejores esfuerzos para lograr que la resolución de la calificación ambiental del Proyecto recoja adecuadamente los acuerdos que las partes de este protocolo hayan alcanzado… en el marco del proceso de evaluación ambiental del proyecto”. Dichos acuerdos incluyen una serie de estudios para evitar la excesiva acidificación de las aguas, ordenados por la Junta y financiados por Barrick; infraestructura para mejorar las condiciones de riego, incluyendo un embalse cuya construcción le costara a la empresa 5 millones de dólares, y, lo más importante, el fondo de 60 millones de dólares para desarrollar proyectos “que le permitan al directorio realizar los fines que la ley y sus estatutos encomiendan a la junta”, con el fin de “compensar los potenciales impactos y efectos adversos directos e indirectos, a los miembros de la Junta, resultantes de la ejecución del proyecto”. Para la administración de los millonarios fondos entregados por la empresa, el protocolo crea un Comité, formado por tres integrantes de la Junta, dos de la compañía y… el intendente de la Región de Atacama.
Pero no todos los que comparten las aguas del río Huasco estuvieron de acuerdo con tan ventajosas condiciones. Como la Comunidad Diaguita de los Huascoaltinos, a la cual pertenece Campusano, que alega no haberse enterado de la decisión del directorio hasta después de haberse suscrito el protocolo. Para ellos, la firma de este protocolo puso a Barrick al filo de la legalidad, por eso presentaron un recurso ante la Dirección General de Aguas (DGA), que finalmente decidió que la Junta de Vigilancia se había excedido en sus facultades, pero no decretó la ilegalidad del protocolo pues dicho pronunciamiento no estará entre sus atribuciones. En lo que respecta a este asunto, todo indica que los alegatos continuarán.
Pero más allá de lo que se resuelva en los papeles, lo cierto es que la decisión de la empresa de entregar una cantidad tan abultada de dinero a un grupo de privados, terminó de dividir dramáticamente a dos bandos. También alteró para siempre los equilibrios de poder en una comuna de poco más de 4 mil habitantes: por un lado están los partidarios de las negociaciones de la Junta de Vigilancia, ante la evidencia de que las condiciones acordadas son muy ventajosas. Por el otro esta la comunidad diaguita de los Huascoaltinos, descendientes de los pobladores precolombinos de estas tierras montañosas, que ya enfrentan consecuencias concretas del proyecto. Sólo dos ejemplos: los cercos levantados por la empresa impiden que sus animales suban y bajen a pastar según la estación del año, tal como lo han hecho por siglos, por lo cual se ha perdido una buena cantidad de ganado. Tampoco es posible visitar a sus ancestros: arriba en la cordillera, la construcción de una pista de aterrizaje destruyó un antiguo cementerio de los antepasados de la comunidad.

Campaña corporativa

Sin embargo, a estas alturas del proceso, ni los lanzadores de huevos ni la comunidad diaguita huascoaltina, ni ningún grupo opositor es considerado demasiado amenazante por la compañía. Así se trasluce en las palabras de Rodrigo Jiménez, director de Comunicaciones para Barrick Sudamérica quien, siempre a través de la consultora Extend, responde algunas preguntas por correo electrónico.
-¿Cuál es el balance de la empresa sobre el proceso de ganar el apoyo de la comunidad?
-Se realizó un intenso trabajo de información. Se efectuaron charlas, se entregaron informativos y se contó con un equipo de asistentes sociales que realizaron un importante trabajo puerta a puerta. Se le dio a la comunidad las herramientas necesarias para que pudieran formarse su opinión de manera informada. Ellos pudieron apreciar desde un comienzo el compromiso de la empresa con el desarrollo de cada uno de sus habitantes. Esto, a través de la implementación de una serie de iniciativas de capacitación; búsqueda de posibles proveedores locales; aportes a proyectos de desarrollo sustentable; y apoyo en áreas cruciales como salud, educación e infraestructura”. Y termina con un argumento conocido: “Este proceso se vio coronado con una encuesta realizada en el valle del Huasco en la cual el 80% de los entrevistados manifestó su apoyo al proyecto”.

No fue un proceso cualquiera. Todos los lineamientos se encuentran en un documento titulado “Propuesta de Campaña de Información a la Comunidad Proyecto Pascua Lama”, elaborado por Extend para aplicarse en la zona durante el período en que se tramitaban los permisos ambientales. La instrucción principal es “involucrar positivamente a más sectores, organizaciones y población en general para sustentar una base social que opere como facilitadora de la inserción definitiva del proyecto”.
Esa masa de adherentes ha sido construida y ampliada por medio de las Relaciones Comunitarias, un área con jefatura y presupuesto propios, cuyo papel es identificar las carencias en los cuatro sectores más vulnerables de la comunidad: salud, educación, cultura y tradición e infraestructura.

Las instrucciones siguen: es necesario llegar a la mayor cantidad de gente posible, “entregando material impreso y registrando las percepciones, filiación y otra información de las personas contactadas”. Luego, la meta es convencer a quienes sí son proclives a apoyar a la empresa: “la información que se entregue a la comunidad buscará mantener su apoyo, evitar la propagación de información que no es verdadera y generar una mayor cohesión con los sectores favorables”.

Tomada en su conjunto, la estrategia desplegada en la provincia del Huasco ha contado con más recursos que cualquier campaña publicitaria o política que se haya visto en la zona. Desde la sede central de Barrick distribuyen al público información oficial, que también llega por vía directa a la ciudadanía en cada capacitación gratuita que se ofrece a cientos de personas desocupadas gracias a bases de datos proporcionadas por los municipios. Los cursos también se dictan en los edificios públicos, y los certificados son formados por los alcaldes. Para quienes no son alcanzados por este medio, hay asistentes sociales que visitan hogar por hogar para entregar por mano los boletines oficiales y asegurarse de la filiación de los dueños de casa, y así decidir si seguirán siendo blanco de sus esfuerzos.

Las similitudes con la propaganda política no acaban allí. El contenido de su discurso es el mismo que el de los partidos: mejorarán la calidad de vida de los habitantes de la zona ofreciendo apoyo concreto en educación, capacitación laboral, desarrollo sustentable y hasta deportes. Y lo hacen. Al menos en Vallenar, y sobre todo en ese pequeño pueblo llamado Alto del Carmen, Barrick Gold está cumpliendo con más eficiencia y más recursos las funciones tradicionales del Estado. Suena muy bien: esta es gente pobre y con una de las tasas de analfabetismo más altas de la región.

Pero hay un problema de fondo, que choca violentamente con el discurso del Chile libre, democrático y moderno del cual se habla con tanto orgullo en las grandes ciudades y también en el extranjero. Ese Chile moderno, iniciado por la apertura económica del gobierno militar, y desde 1990 además libre, gracias a la llegada de la democracia. Y el problema es que los ciudadanos no tuvieron participación alguna en la llegada de esa empresa y de esos ejecutivos para reemplazar las funciones que constitucionalmente debe cumplir el Estado. En las jornadas de votación, sustento de cualquier sistema democrático, estas personas eligen alcaldes, concejales, diputados, senadores y presidentes, y no gerentes, para que elaboren y hagan funcionar las políticas públicas. Sus votos se basan en el compromiso del candidato con el servicio público, y no con las utilidades de una empresa.
Considerando que la vida útil de Pascua Lama es de 20 años, antes de que la empresa se lleve todo el oro, ¿será factible que las obras sociales se mantengan incluso a mediano plazo? Quizás es más sensato considerar la posibilidad de que las donaciones de todo tipo y los acuerdos millonarios son sólo un medio que usa la compañía para asegurar sin percances sus intereses económicos, que podrían haberse visto afectados por grupos que alegaban legítima preocupación por depender de la buena calidad del agua, como la Junta de Vigilancia. Y aunque por el momento haya beneficios, al menos para aquellos que se han declarado a favor del proyecto o se han comprometido a no oponerse, es un hecho que las reglas que acá se siguen en relación a asuntos sobre los cuales todos tienen derechos, no son reglas democráticas. Asuntos consagrados en la Constitución, como el acceso a la educación, a la salud y a un medio libre de contaminación, ya no son garantizados por el Estado y sus instituciones democráticas, sino por un puñado de empleados de la compañía de oro más grande del mundo, cuyo fin último es extraer de la localidad la mayor cantidad de oro al menor costo posible.

Por órdenes superiores

A los pies del templo que otros españoles ayudaron a construir en el siglo XVIII, el sacerdote Serneguett reflexiona sobre el rol que le toca jugar a la iglesia católica en su pequeño pueblo adoptivo: “Como se trata de corporaciones muy poderosas, la gente que se ha opuesto a este tema pierde el apoyo de las instituciones. Pero se han refugiado en la iglesia, que también es una institución muy poderosa”. Parece el inicio de un nuevo ciclo. Hace poco más de 500 años, el Papa Alejandro VI hizo uso de la soberanía universal del pontificado romano para traspasar toda América a la corona española. 250 años más tarde comenzaron las misiones evangelizadoras en los valles cordilleranos de la provincia del Huasco. Hoy, los descendientes de los indígenas diaguitas que escapaban de las imposiciones de los españoles y la religión que traían consigo, deben enfrentarse a otra repentina y poderosa ola globalizadora. Igual que entonces, una nueva manera de vivir y un nuevo sistema de valores han llegado para quedarse. Tal como aquella vez, personas obedeciendo a una institución poderosa con sede en el otro lado del planeta, han venido a decirles qué es bueno y qué les pertenece.
Poco a poco, algunos comienzan a adaptarse y a entender, aunque sea por instinto, los roles de las antiguas y las nuevas instituciones. Otros, muchos de ellos, seguirán resistiéndose. No abandonan su fe en el sistema cultural en el que crecieron, todavía marcado a fuego por los valores republicanos de la soberanía, la democracia y el estado de derecho. Todas palabras sagradas desde el período postcolonial.
Como Javier Campillay, un próspero agricultor, orgulloso descendiente de la etnia diaguita, y dueño de varias hectáreas de sabrosa uva rosada de exportación que cultiva a pocos kilómetros del lugar donde el camino que solía llegar hasta arriba en la cordillera queda interrumpido por el portón de acceso a la empresa. Como si la frontera se hubiera corrido decenas de kilómetros cerro abajo.
Sentado en la sala de estar de su casa, tomando coca-cola frente a un gran televisor de última generación donde cada noche escucha a los políticos en las noticias, Campillay discursea con una mezcla de vehemencia y desengaño:
“Lo que la Barrick quiere es llevarse el oro y llevárselo barato, a costillas de un país subdesarrollado. ¿Y quién va a pagar el pato? La gente de Huasco. Muchos ven a Barrick como si fuera un dios, por el solo hecho de ser una empresa grande. Yo no le tengo ningún respeto ni miedo, ¿por qué habría de temerles? ¡Si yo soy chileno, yo vivo en un país soberano, en mi país existe la democracia, y yo creo en la democracia!”


1. La cifra corresponde a un estudio de factibilidad elaborado con la onza de oro se transaba a U$375. Hoy, el precio está cerca de dos veces esa cantidad.
2. Cifras de Alto del Carmen. El ingreso total percibido por el gobierno local en pesos chilenos, es 124.142.600. Fuentes: Ministerio de Planificación (cifras de 2003) y Subsecretaría de Desarrollo Regional (cifras de 2004). www.mideplan.cl, www.subdere.cl.
3. En pesos chilenos, 46.000 y 827.770 respectivamente. Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Regional (cifras de 2004). www.subdere.cl.
4. En un principio, la empresa presentó un “plan de manejo de glaciares” para explotar la mina a rajo abierto, destruyendo los glaciares que cubren el yacimiento y trasladando bloques de hielo en camiones a alturas similares. Dicho plan fue rechazado por la resolución de la autoridad ambiental en febrero de 2006, obligando a la empresa a acceder al mineral de manera subterránea.
5. Voz quechua que significa “madre tierra”.
6. Voz chilena que significa “tomar cartas en el asunto”.
7. José Miguel Insulza, ex Ministro de Estado entre 1994 y 2005, fue elegido Secretario General de la Organización de Estados Americanos en mayo de 2005, tras negociaciones que se extendieron por cerca de tres semanas.
8. En la ley chilena, Las Juntas de Vigilancia de los ríos están integradas por personas y comunidades que son dueñas o aprovechan las aguas, en este caso del Huasco y sus afluentes.